En Oaxaca, un juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó una sentencia de 210 años de cárcel a uno de los principales implicados en la masacre de Huazantlán del Río, donde 15 personas murieron de manera violenta en 2020, derivado de una disputa por el control de la alcaldía y el manejo de los fondos públicos.
El fiscal general de Justicia, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la dependencia a su cargo obtuvo la sentencia condenatoria en contra de Inocencio R.S., al ser hallado culpable por la comisión de los delitos de homicidio calificado y feminicidio en agravio de esas personas.
De acuerdo con el expediente del caso, los hechos ocurrieron la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.
En el expediente penal consta que un grupo de personas que mantenían un plantón civil en el corredor de la agencia fue rodeado y atacado por una multitud que, portando piedras, palos y tubos, ingresó violentamente a las instalaciones. Derivado de esta agresión directa, las víctimas perdieron la vida por múltiples golpes y quemaduras.
En la audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial determinó imponer al acusado la pena privativa de la libertad por 210 años y, en cumplimiento a la responsabilidad civil, lo condenó al pago de seis millones 516 mil pesos por concepto de reparación del daño, además de una multa de 86 mil 880 pesos.
Víctimas exigen justicia completa y denuncian amenazas
Previo a la audiencia, un grupo de mujeres, entre las víctimas la sobreviviente María del Rosario Guerra Salazar, recriminó a las autoridades de justicia por haber actuado de manera tardía para lograr detener a los implicados.
Ella, desde hace cuatro años, está desplazada de la comunidad huave y vive en Salina Cruz junto con otras 60 personas más, por un conflicto político que sigue vigente en su pueblo natal.
Señaló que entre los desplazados hay familiares de las víctimas de la masacre, quienes además están amenazados por las autoridades municipales de Huazantlán, que «nos quieren asesinar, callar para no dejar ni un testigo de la masacre».
Al respecto, el asesor jurídico del Comité de Víctimas de la Masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río, Juan Carlos Pascual Diego, denunció que están cansados de tocar puertas para lograr justicia, porque nadie se quiere hacer responsable de ejercer la justicia a favor de las víctimas.
«Fuimos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México: jamás obtuvimos respuesta. Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco hay gran avance, pese a que se trata de delitos de lesa humanidad por la cantidad de víctimas y la saña con la que fueron privadas de la vida», agregó el asesor jurídico.
Un precedente en el acceso a la justicia
La resolución dictada contra Inocencio R.S. marca un precedente fundamental en el acceso a la justicia para las víctimas de estos sucesos y se suma al avance de las carpetas de investigación correspondientes a este caso judicializado.
Pascual Diego agregó que esta omisión constituye un acto de discriminación y desprecio a los indígenas, por lo que no les queda otra que seguir en las calles exigiendo justicia por sus muertos.
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