Acompañada por un centenar de militantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos exgobernadores, exalcaldes, exlegisladores y dirigentes panistas, Verónica Ruffo presentó este lunes una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las presuntas violaciones a los derechos humanos de su padre, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
A las afueras de las instalaciones de la CNDH, la hija del exmandatario estatal aseguró que Ernesto Ruffo es un «preso político» y sostuvo que el proceso penal que enfrenta responde a una persecución con motivaciones políticas.
Indicó que el recurso promovido busca que el organismo nacional investigue posibles violaciones al debido proceso y a las garantías individuales del exgobernador, quien permanece sujeto a proceso penal por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Los dirigentes y exfuncionarios panistas que acudieron al acto manifestaron su respaldo a Ruffo Appel y exigieron que el caso sea revisado con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos.
Vinculado a proceso
Ernesto Ruffo Appel enfrenta un proceso judicial derivado de una investigación de la FGR por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.
Un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano».
La investigación federal se originó tras el aseguramiento de decenas de ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, y posteriormente se amplió hacia una presunta red logística de importación, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, cuyo presunto daño a la hacienda pública supera los cuatro mil millones de pesos, de acuerdo con la FGR.
El PAN asegura que el proceso de Ernesto Ruffo tiene un trasfondo político
Desde su detención, el PAN ha sostenido que el proceso tiene un trasfondo político y ha realizado diversas manifestaciones en Baja California y la Ciudad de México para exigir su liberación, mientras que la Fiscalía mantiene que la investigación está sustentada en los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación.
