Organizaciones defensoras de migrantes advirtieron en la ciudad de Mérida, que entre diez mil y 15 mil yucatecos podrían ser deportados en los próximos años de extremar las restricciones contra los trabajadores migratorios el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
Expusieron que esto podría representar una caída en las remesas de hasta un 30 por ciento al estado de Yucatán, que durante 2024 sumaron más de ocho mil 500 millones de dólares, lo que perjudicaría la economía de las familias de las comunidades y regiones del estado con mayor cantidad de migrantes, en lo que se refiere al consumo de bienes y servicios.
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Estos perjuicios a la economía podrían darse principalmente en 52 municipios del estado, Oxkutzcab Tekax, Cenotillo, Tunkás, Peto y Tekit, que son los de mayor cuantía de trabajadores migrantes en los Estados Unidos.
Estos efectos serían extensivos a todos los estados del país, principalmente los expulsores de trabajadores indocumentados como Michoacán, Estado de México, Zacatecas y Veracruz, entre otros, advirtieron.
Piden a las autoridades yucatecas implementen medidas de protección para los migrantes deportados
A tres días de que asuma el cargo el presidente estadounidense, César Michel Aldana, secretario general de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción Radicados en USA, y el presidente de Poder Migrante en Yucatán, Miguel Ángel Martínez Contreras,
llamaron a las autoridades estatales y municipales, así como a los empresarios a tomar medidas de protección a los migrantes en situación vulnerable.
Advirtieron que la iniciativa de endurecimiento de las medidas expuestas por Donald Trump durante su campaña de impulsar la deportación masiva ya tiene consecuencias y la tendrá en las políticas públicas contra ese sector que aplique en la administración el gobierno de Estados Unidos.
De hecho las acciones y las restricciones contra los trabajadores migrantes y ya han entrado en fase crítica ante los actuales interrogatorios y las exigencias en los trámites migratorios, recalcó Michel Aldana.
Recalcaron que los migrantes de origen rural así como el sector de la construcción, principalmente, son los más vulnerables, ya que gran parte de ellos carece de documentos de identidad o identificación que les permita tramitar sus credenciales de elector y pasaportes y, por ende, reforzar su calidad migratoria.
Solicitan al gobierno estatal y municipal otorgue documentos de identificación oficial
Indicó que los gobiernos estatales y municipales y las instancias federales tienen que adoptar medidas para la expedición pronta y expedita de documentos o actas de residencia, así como de credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral y pasaportes.
Es importante, explicó, la participación de los empresarios, ya que las remesas que ingresan al estado son fuente de derrama, consumo y generación de empleos, por lo que la reducción afectaría la venta y producción de bienes y servicios, de ahí la necesidad, dijo, de que también contribuyan a paliar la situación.
Los representantes de apoyo a trabajadores migratorios indicaron que las dos organizaciones más grandes que aglutinan a asociaciones afines en los Estados Unidos, que son Fuerza Migrante y el Colectivo de Organizaciones y Federaciones Mexicanas de Migrantes ya realizan campañas en comunidades para que los trabajadores migratorios mexicanos regularicen su residencia.
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Es necesario también reunir fondos para, en un momento dado, contratar abogados orientados a la defensa legal de los derechos de los migrantes y, en caso de deportación, preparar o resolver el retorno desde sus comunidades de origen a sus fuentes de trabajo en EU.
Es necesario tomar medidas de protección inmediatas para los migrantes
«Los hubieras no existen, tenemos que tomar medidas inmediatas en ese sentido aún antes de que no Donald Trump asuma el cargo de presidente el próximo lunes», urgió el dirigente de Poder Migrantes en Yucatán en conferencia de prensa ofrecida en esta ciudad
También se sumaron a este posicionamiento el comisionado Indígena de Poder Migrante, Guillermo Cab Nic, y la comisionada de Asuntos de Migrantes, Kowe González Sotomayor.