En México, los defensores de los derechos indígenas sufren detenciones arbitrarias y condenas muy duras y largas, de hasta 58 años, así como serías violaciones al debido proceso y falsas acusaciones de asesinato, denunció hoy una experta de las Naciones Unidas (ONU).
“Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada”, apuntó Mary Lawlor.
La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expuso los casos de 10 defensores indígenas condenados en procesos judiciales en los que se registraron violaciones importantes del debido proceso.
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Acusados injustamente
“Los defensores de derechos humanos parecen haber sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito”, subrayó Lawlor en un comunicado difundido en Ginebra.
Las condenas combinadas de nueve de los 10 defensores sumaron casi 300 años de prisión, mientras que uno de los defensores, el líder zapoteca Pablo López Alavez, lleva 14 años detenido sin sentencia.
La intensión es impedirles su labor
Lawlor explicó que la intención aparente de estos castigos es impedirles que desempeñen su labor en favor de los derechos humanos y recordó que en 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la privación de libertad de. López es arbitraria.
“Estas sentencias de larga duración representan el extremo de una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas, muchos de ellos líderes de sus comunidades”, subrayó, según el sitio Noticias ONU.
Explicó que el trabajo de los defensores gira en torno a cuestiones que amenazan a sus comunidades, como el desarrollo, la explotación de los recursos naturales y la tierra, el efecto perjudicial del modelo económico extractivista y la delincuencia organizada.
El impacto de su criminalización
En este sentido, la relatora advirtió que el impacto de su criminalización y encarcelamiento prolongado va mucho más allá del daño que sufren como individuos y repercute negativamente en sus comunidades.
La condena de David Hernández Salazar, uno de los diez activistas, fue revocada , eso es una muestra de que las acusaciones fueron fabricadas, “parece ser el mismo patrón de los otros nueve defensores indígenas”.
“Insto a las autoridades competentes a que revoquen las sentencias de Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, y retiren los cargos contra Pablo López Alavez, y los pongan en libertad inmediatamente”, dijo Lawlor.
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