Washington, 4 sep. (Amexi).- El gobierno de Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra RT y otras empresas de comunicación rusas, como parte de un plan para contrarrestar los intentos de Rusia por inclinar la balanza de las próximas elecciones presidenciales a favor del republicano Donald Trump, a quien perciben como menos duro en el apoyo a Ucrania.
En un acto público, el Procurador General, Merrick Garland, anunció la medida y destacó que el pueblo estadunidense «tiene derecho a saber cuándo una potencia extranjera se involucra en actividades políticas o busca influenciar el debate político en Estados Unidos”.
Y por ello, precisó, Washington se dispone a imponer sanciones adicionales a empresas rusas, públicas o sin fines de lucro, como ANO Dialog, que opera la red de desinformación «Doppelgänger», y a los directivos de Russian Television (RT), encabezados por Margarita Simonyan.
Asimismo, confiscó dominios en internet dedicados a distribuir contenidos políticos falsos con el fin de impulsar la campaña del expresidente Trump, quien, según las últimas encuestas, está unos puntos por debajo de su contrincante demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.
Por su parte, el Departamento de Estado anunció una recompensa de 10 millones de dólares a quien provea información sobre intentos extranjeros para influenciar las elecciones del próximo 5 de noviembre, y la negación de visas a personal que trabaje con la prensa apoyada por el Kremlin.
En 2016, las agencias de inteligencia estadunidenses fueron sorprendidas al descubrirse acciones similares a las que hoy tratan de evitar, y tardaron meses antes de informar al público sobre esos intentos, encaminados a apoyar la elección de Trump, quien terminó ganando los comicios.
La campaña encubierta de “Doppelgänger” estaba dirigida a distribuir videos a favor de Trump o en contra del partido demócrata, a través de YouTube, X, Instagram y TikTok, triangulando las actividades a través de una empresa basada en el estado de Tennessee.
Críticos de las medidas anunciadas por Garland y el Departamento de Estado destacan que las acciones se colocan muy cerca de violar el derecho a la libertad de expresión, contenido en la primera enmienda constitucional.
En el núcleo de la presunta campaña rusa está la intención de reducir el apoyo del público estadunidense a Ucrania, invadido por Moscú hace poco más de 2 años y medio.
