Ginebra, 15 oct. (Amexi).- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que el gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, para «silenciar, desalentar y sofocar a la oposición».
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó este martes un nuevo informe sobre Venezuela en el que documenta “múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales”.
Entre las violaciones cometidas incluyen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, “para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad”.
Te Puede Interesar
Motivos políticos, origen de los crímenes de Maduro
En el informe, de 185 páginas, la Misión internacional confirma algunas de las graves violaciones constituyen un “crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”, según un reporte del sitio ONU Noticias.
De acuerdo con el documento, 25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en los recientes hechos de violencia. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.
En un comunicado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela destacó que la reciente investigación amplía el informe presentado el pasado 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos sobre estos crímenes cometidos por el gobierno venezolano.
Los crímenes constituyen delitos graves
“La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se auto incriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad”, destacó.
La autoincriminación, añadió el comunicado, podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y “no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional”.
“Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas (39 hombres y nueve mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, como la operación Brazalete Blanco”, destacó.
En el marco de la campaña electoral, la Misión registró y documentó un total de 121 tenciones, 106 hombres y 15 mujeres, por colaborar en actividades de la oposición.
El informe incluye varios casos ilustrativos que ejemplifican sus hallazgos y coloca el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones, por lo que la Misión reitera su llamado a que el Estado venezolano libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y respete la integridad física y psicológica de los detenidos y su derecho al debido proceso.
Lee: México, parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
