Por unanimidad de 419 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, reformas para castigar hasta con 20 años de prisión el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos para integrarse a la delincuencia organizada.
El dictamen que modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, adiciona el Capítulo II Bis “Del Reclutamiento Forzado de Personas”, se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.
El dictamen avalado impone pena de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días multa a quien, por medios impresos, electrónicos o por cualquier medio, por sí o por interpósita persona, mediante el engaño o sin él, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de algún grupo delictivo.
Subraya que todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado.
Establece que las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo labore o haya laborado en alguna empresa de seguridad privada, ejerciendo un empleo o cargo en el que haya tenido acceso a información confidencial o haya recibido capacitación o adiestramiento.
Vacío jurídico para identificar el reclutamiento: Morena
La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, expuso que la falta de una tipificación específica no significa que el reclutamiento no exista, sino que durante años se ha enfrentado un vacío jurídico que dificulta poder identificarlo, investigarlo y sancionarlo como realmente es.
Para el PAN es un paso relevante
De acuerdo con el diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, la reforma representa un paso muy relevante para fortalecer el marco jurídico y “debemos asegurar que la respuesta penal alcance a quienes capten, inducen, manipulan e incorporan a menores de edad a las estructuras criminales”.
Reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones, dice el PT
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, consideró que el delito de reclutamiento forzado es la puerta para desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos de mayor envergadura.
En tanto, el diputado del PRI, Miguel Alonso Reyes, respaldó el dictamen “porque proteger a la infancia y a la juventud es una responsabilidad que no admite indiferencia”.
No se trata de leyes solamente, se trata de vidas de niñas, niños y adolescentes que aún pueden ser salvados, soñar, crecer y construir un presente y futuro apartado de la violencia, puntualizó.
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