PRI, PAN y Movimiento Ciudadano afirmaron que el oficialismo protege a sus aliados; Morena rechazó los señalamientos y el PVEM optó por defender el balance del gobierno.
El inicio del periodo ordinario estuvo marcado por acusaciones en el Congreso sobre presunta protección a políticos vinculados con el crimen. Morena rechazó los señalamientos argumentando que carecen de pruebas y el PVEM defendió los resultados presentados por el gobierno.
Después de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Congreso el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano llevaron a la tribuna señalamientos sobre presunta protección política, impunidad y vínculos con la delincuencia organizada.
Morena rechaza las acusaciones en el Congreso
La senadora Lucía Micher Camarena rechazó lo que calificó como mentiras de la oposición. Puntualizó que las organizaciones criminales mencionadas durante el debate surgieron o se consolidaron antes de la llegada de Morena al poder.
“Ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T”, afirmó.
Micher atribuyó al PRI y al PAN responsabilidad histórica por la consolidación de distintas organizaciones criminales y reiteró que esos grupos no son producto de la Cuarta Transformación.
Además, sostuvo que no se ha entregado una sola prueba de las acusaciones contra quienes han sido señalados por la oposición.
PRI y PAN llevan las acusaciones al centro
El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó la acusación más frontal. Acusó al oficialismo de proteger a personas que, según dijo, han sido vinculadas con la delincuencia organizada.
“Si de verdad tuvieran un mínimo de decencia, romperían su pacto con los cárteles del crimen organizado y quitarían la protección a sus políticos vinculados con la delincuencia”, reclamó.
Moreno exigió procesar a los responsables y llevarlos ante la justicia. También trasladó la confrontación al terreno electoral al convocar a partidos y sectores opositores a construir un frente nacional rumbo a 2027.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó que, tras 126 días, Morena siguiera sosteniendo que no existen pruebas.
Para respaldar su posición, citó el asesinato de Héctor Melesio Cuén, los señalamientos relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el secuestro de la diputada Paola Gárate y hechos ocurridos en Badiraguato.
“Hoy se cumplen 126 días y nos siguen diciendo que no hay pruebas”, reprochó.
Anaya sostuvo que, a su juicio, el problema no es la falta de pruebas, sino la protección política.
Movimiento Ciudadano cuestiona la protección de aliados
Por Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas sostuvo que, a su juicio, la presidenta ha privilegiado la protección de sus aliados sobre la exigencia de responsabilidades y la lealtad partidista sobre la justicia.
“Ha elegido darle más valor a la protección de un movimiento político, hoy ampliamente cuestionado, que a los intereses de la República”, acusó.
Colosio mencionó el asesinato de Carlos Manzo. Cuestionó que, tras ese hecho, Morena y sus aliados, según dijo, hayan preferido dirigir sus ataques contra Grecia Quiroz en lugar de hacer justicia a su familia.
También cuestionó la situación de inseguridad en Sinaloa. Acusó al gobierno de proteger al gobernador Rubén Rocha Moya y a integrantes de su entorno político, en vez de exigirles rendición de cuentas.
El PVEM ante las acusaciones en el Congreso
La intervención del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) siguió una ruta distinta.
Mientras PRI, PAN y Movimiento Ciudadano concentraron sus discursos en la presunta protección política, la impunidad y los vínculos con el crimen organizado, el senador Carlos Alberto Puente Salas centró su posicionamiento en los resultados que su partido atribuye al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Destacó el aumento del salario mínimo, que vinculó con la recuperación de la dignidad de los trabajadores. Asimismo, se refirió al récord de inversión extranjera directa alcanzado este año.
También reconoció la labor del gabinete de seguridad frente al crimen, Aseveró que, aunque la transformación no es una tarea concluida, va por buen camino.
La confrontación apunta hacia 2027
El inicio del periodo ordinario dejó planteada una línea de confrontación que acompañará al Congreso en los próximos meses.
Las acusaciones en el Congreso anticipan que la seguridad, la impunidad y las acusaciones sobre la responsabilidad política frente al crimen organizado seguirán en el centro del debate parlamentario y electoral rumbo a 2027.
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