El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general, con 452 votos a favor, reformas que endurecen las sanciones contra los delitos ambientales e incrementan las penas de dos a 10 años de prisión.
El dictamen de reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, sigue en discusión en lo particular. De ser aprobado, será turnado al Senado para sus efectos constitucionales.
¿Qué establece el dictamen avalado?
- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de mil a 5 mil días multa a quien desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable.
- Se aplicarán penas de dos a 10 años de prisión y de mil a 5 mil días multa a quien corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles.
- Para quien realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal, se establece una pena de dos a 10 años de prisión y de mil a 5 mil días multa.
- Se fortalece la actuación de las autoridades ambientales; entre ellas, contra el quebrantamiento de sellos, que ha sido uno de los delitos más burlados en nuestro país.
Crisis ambiental en el país
Al fundamentar el dictamen, el morenista Julio César Moreno Rivera reconoció que es una reforma que responde a la crisis ambiental de nuestro país y al deber constitucional del Estado de proteger los ecosistemas, la biodiversidad y sus recursos naturales.
Explicó que esta es una propuesta producto de diversas iniciativas de todos los grupos parlamentarios y el mensaje es claro: es un tema que preocupa a todos y la devastación ambiental ya no puede seguir siendo un delito cuyas sanciones faciliten la impunidad de esta lamentable acción.
Incendios y tráfico de especies
Detalló que esta reforma se sustenta en la crisis ambiental, principalmente en los siguientes hechos: los incendios provocados para cambiar ilegalmente el uso del suelo; las descargas clandestinas de sustancias químicas, bioquímicas y aguas residuales en cuerpos de agua; así como la acelerada deforestación y tala ilegal.
Además del crecimiento del tráfico de especies protegidas y el riesgo extremo para especies endémicas como la vaquita marina y la totoaba, ambas en peligro de extinción y sujetas a protección especial bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
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Incorporación de nuevas figuras al Código Penal
Destacó la incorporación de nuevas conductas delictivas al Código Penal: las descargas ilegales en mantos acuíferos; los daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes; las agravantes por incendios provocados con fines de lucro y las sanciones a quienes financien o encubran el tráfico de especies.
Protección del medio ambiente es una obligación moral: PRI
En tanto, el diputado del PRI Arturo Yáñez Cuéllar respaldó el dictamen al considerar que es una reforma seria, sólida y necesaria.
“La protección del medio ambiente no es solo una causa partidista, es una obligación moral con quienes hoy viven en comunidades afectadas por la contaminación. La crisis ecológica que enfrentamos exige instituciones fuertes, sanciones proporcionales y un compromiso firme del Poder Legislativo”.
No saldrá barato destruir bosques: PAN
Por el PAN, la diputada Diana Estefanía Gutiérrez resaltó que el dictamen representa sin duda un avance real y significativo en la lucha contra los delitos ambientales: actualiza penas, incorpora nuevas conductas ilícitas y fortalece los instrumentos legales para sancionar a contaminadores, taladores ilegales y traficantes de especies.
“Se acabó la idea de que destruir un bosque o contaminar un río sale barato y no tiene consecuencias. Con este dictamen cumplimos la obligación constitucional de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”, puntualizó.
Castigo a empresarios
Por su parte, el diputado de Morena, Joaquín Zebadúa, resaltó que por primera vez hay en el tema ambiental responsabilidad hacia las personas morales, no solo hacia las personas físicas.
“Que se castiguen los empresarios inescrupulosos que integran en sus costos una partida que es de gestión ambiental, del 3% al 5% del valor del desarrollo inmobiliario, que realmente está destinada a pagar las multas, porque las multas eran muy bajas. Ya no más, eso se acabó”, sentenció.
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