La baja participación en los registros para las elecciones de magistrados, jueces y ministros, programadas para junio de 2025, ha generado dudas sobre la aceptación ciudadana de la reforma al Poder Judicial. El magistrado José Rogelio Alanís advirtió que la poca participación podría interpretarse como una señal de que “no fue un mandato del pueblo”.
Baja participación en registros y críticas a la reforma
A una semana del cierre de registros, solo se han ocupado menos de la mitad de los cargos disponibles. Azul Aguiar Aguilar, investigadora del ITESO, criticó que la reforma reducirá el nivel académico exigido para ser juez o magistrado, aceptando únicamente la licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia.
Aguiar advirtió que esto podría politizar aún más la justicia y reducir su calidad. “Esto es lo que sucede cuando un partido se apodera del poder, como lo está haciendo Morena”, señaló. Además, subrayó que el Poder Judicial ya incluye perfiles de diversas clases sociales, desmintiendo que sea una institución de élites hereditarias.
Por otro lado, el juez de distrito de Colima, Francisco García Contreras, informó que ha apercibido al INE por desacatar una suspensión provisional relacionada con los preparativos de las elecciones judiciales. Si el instituto no cumple, el Ministerio Público podría aplicar sanciones que incluyen multas y hasta prisión para los consejeros.
Convocatoria histórica para renovación judicial
Mientras tanto, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal continúa invitando a licenciados en Derecho a inscribirse en el proceso electoral extraordinario para renovar el Poder Judicial. Hasta el momento, se han registrado 1,809 aspirantes, y el periodo de registro cerrará el próximo 24 de noviembre a través del portal digital habilitado por el Congreso.
El Comité revisará exhaustivamente los registros para garantizar que los aspirantes cumplan con los requisitos legales y publicará la lista definitiva de candidatos el 15 de diciembre. Este proceso inédito busca cubrir puestos clave, entre ellos:
- 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
- 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- 10 magistradas y 5 magistrados de las salas regionales del TEPJF.
- 464 magistradas y magistrados de circuito.
- 386 juezas y jueces de distrito.
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Cuestionamientos sobre la legitimidad y eficacia de la reforma
El magistrado Alanís destacó que el Poder Judicial ya incluye perfiles del pueblo y que esta reforma busca eliminar la preparación y trayectoria profesional, lo que podría debilitar la calidad de la justicia. “La justicia no llegará a quienes más la necesitan”, lamentó.
Por su parte, Aguiar señaló que la politización del sistema judicial podría aumentar, ejemplificándolo con la ministra Lenia Batres, cuya gestión considera enfocada en intereses partidistas.
El Comité de evaluación enfatizó su compromiso con la transparencia y la selección de los mejores perfiles, aunque las críticas persisten. La reforma sigue siendo un tema polarizador que marcará el rumbo del sistema judicial en México.