La Asociación de Bancos de México (ABM) solicitó a los senadores enriquecer el dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado. Esta ley, en la actualidad en discusión en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados, es clave para el sistema financiero mexicano.
Los banqueros coinciden en que una legislación sólida es fundamental para prevenir la integración de recursos ilícitos al sistema financiero. En el Parlamento Abierto sobre Análisis y Discusión de las Reformas Legislativas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Comisión de Justicia, José Luis Stein, coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la ABM, destacó la necesidad de contar con una regulación robusta en la materia.
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La importancia de actualizar la Ley Antilavado
Stein subrayó lo esencial que es evitar que los recursos provenientes de actos ilícitos se integren al sistema financiero. Explicó que la promulgación de la Ley Antilavado en 2012 fue un avance significativo en la creación de un marco regulatorio sólido. Sin embargo, consideró que esta ley debe modificarse periódicamente para alinearse con los últimos estándares internacionales y abordar las áreas de oportunidad que surjan localmente.
El coordinador de la ABM destacó que la iniciativa que se discute actualmente en el Senado tiene como objetivo precisamente actualizar la legislación, tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la retroalimentación de actores nacionales e internacionales.
Propuestas de mejora
Stein explicó que, si bien la iniciativa es positiva, la ABM considera que podría enriquecerse con algunos ajustes puntuales. Uno de los temas clave consistiría en crear un Registro de Actividades Vulnerables, que se propone que sea público, lo que permitiría contar con una mayor transparencia y ayudaría a las instituciones financieras a detectar y monitorear a los clientes que realizan actividades vulnerables con mayor precisión.
“Es fundamental que las instituciones financieras tengamos acceso a este tipo de información para monitorear a los clientes con el nivel de rigor necesario”, agregó.
Además, se plantearon otras propuestas, como la regulación de fideicomisos con actividades vulnerables para garantizar la seguridad jurídica. También se sugirió modificar otros ordenamientos jurídicos, como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En cuanto a los plazos de implementación, se propuso ampliar a 18 meses la emisión de la normatividad secundaria. Finalmente, se destacó la necesidad de mantener la calificación de dolo en las conductas delictivas tipificadas en la Ley Antilavado.
