Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, detuvo a Jonathan “N”, en el municipio de Acapulco, Guerrero, por su presunta responsabilidad del homicidio calificado del periodista Eduardo Flores Salado.
La captura se concretó el 17 de noviembre mediante una orden de aprehensión, tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
El operativo se realizó en coordinación entre la FGE Guerrero, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública del estado, así como de la Guardia Nacional, mientras que el detenido quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.
Fue uno de los fundadores del colectivo Prensa Rosa
El cuerpo de Eduardo Flores Salado, conocido como “Lalito” y con más de 20 años de trayectoria periodística en Acapulco, fue localizado la noche del 14 de noviembre de 2026 en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana, en la zona suburbana de Acapulco.
La Fiscalía abrió de inmediato una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, mientras que familiares identificaron el cuerpo -que presentaba signos de violencia, presumiblemente por estrangulamiento- en el Servicio Médico Forense (Semefo).
Flores Salado trabajó en el desaparecido periódico Novedades de Acapulco y al momento de su muerte, colaboraba como reportero en el medio digital y radiofónico Enfoque Informativo Guerrero. Cubría temas de inseguridad, desapariciones, derechos humanos, política local y problemáticas sociales.
Fue uno de los fundadores del colectivo Prensa Rosa, integrado por periodistas LGTBI+ en el puerto. Su muerte generó protestas de colegas y colectivos, quienes exigieron justicia y el esclarecimiento completo de los hechos.
Piden abarcar todas las líneas de investigación
De acuerdo con la FGE Guerrero, hasta el momento de la detención, las pesquisas no hallaron indicios que relacionen el crimen con la labor periodística de la víctima ni con un posible delito de odio.
Familiares y compañeros, sin embargo, pidieron que se investiguen todas las líneas, incluyendo su activismo y su pertenencia a la comunidad LGBT+.
Este asesinato se suma a un contexto de alta violencia contra la prensa en México. Sólo este año, al menos siete periodistas habían sido asesinados en el país antes de este caso, según reportes de medios y organizaciones. Guerrero, y en particular Acapulco, ha registrado varios ataques contra comunicadores en años recientes.
Organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenaron el crimen y demandaron una investigación exhaustiva, transparente y que sancione a todos los responsables.
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