La comercialización de cigarros ilegales en México representa un problema que rebasa la evasión fiscal y alcanza los ámbitos de la salud pública y la seguridad, debido a la circulación de productos sin control sanitario y a la presunta participación de grupos criminales en las redes de distribución.
Debido a ello, el Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades sanitarias, fiscales y de procuración de justicia una estrategia coordinada que permita combatir la fabricación, importación y venta ilegal de productos de tabaco.
La propuesta contempla reforzar la vigilancia en establecimientos comerciales, mercados, puntos de venta informal y plataformas digitales, además de investigar las redes que presuntamente utilizan amenazas e intimidaciones contra pequeños comerciantes para imponer determinadas marcas de cigarros.
Problema de salud pública
La dimensión del mercado ilícito quedó reflejada en un estudio de seguimiento del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que estimó que 18.2% de los cigarros consumidos en México en 2023 provenían del comercio ilegal, lo que equivale aproximadamente a 18 de cada 100 unidades.
La investigación reportó un incremento respecto de 2017, cuando la proporción estimada fue de 8.8%. Sin embargo, el instituto precisó que el seguimiento más reciente amplió su cobertura geográfica e incorporó criterios adicionales para identificar productos irregulares.
El comportamiento de este mercado también presenta diferencias regionales. En 2023, la proporción de cigarros ilícitos alcanzó 43.4% en Durango y 32.4% en La Paz, mientras que en la Ciudad de México se ubicó en 10.6%.
Estas variaciones evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias de vigilancia y atención de acuerdo con las condiciones particulares de distribución en cada entidad.
Riesgos para la salud pública
El crecimiento del comercio ilegal de tabaco ocurre en un contexto en el que el consumo de cigarros continúa representando un desafío para el sistema de salud mexicano.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, citada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 13.9 millones de personas de entre 12 y 65 años consumían tabaco fumado, cifra equivalente a 15.1% de ese grupo poblacional.
Por separado, el IMSS ha señalado que el tabaquismo está relacionado con alrededor de 63 mil fallecimientos anuales en México. Estas cifras corresponden al consumo de tabaco en general y no exclusivamente a los productos comercializados de manera ilegal.
Uno de los principales focos de preocupación es la exposición de adolescentes y jóvenes. El INSP advierte que la disponibilidad de cigarros ilícitos facilita su adquisición entre quienes todavía no consumen tabaco y puede contribuir a mantener la dependencia entre quienes ya fuman.
A los riesgos asociados con la adicción se suma la incertidumbre sobre la composición de estos productos.
En mayo de 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre cigarros importados que carecían de permiso sanitario y que podrían estar falsificados, alterados o adulterados.
La autoridad advirtió que se desconoce la procedencia y composición de sus ingredientes, así como la concentración de sustancias potencialmente tóxicas que podrían liberarse durante su combustión.
Piden reforzar controles aduaneros y operativos
Como parte de las medidas propuestas, los senadores del PT solicitaron a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris y en coordinación con las autoridades estatales, intensificar los operativos de vigilancia y las campañas de prevención dirigidas principalmente a adolescentes y jóvenes.
En materia fiscal y aduanera, plantearon que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria, fortalezca las inspecciones para impedir el ingreso de cigarros ilegales al territorio nacional.
También solicitaron verificar los códigos de seguridad de las cajetillas y publicar estadísticas consolidadas sobre los productos asegurados.
Como parte de los argumentos que sustentan la iniciativa, los legisladores señalaron que, en lo que va de 2026, la Secretaría de Marina (Semar) y las autoridades aduaneras han asegurado más de 130 millones de cigarros ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El combate a este mercado también incluye la fabricación clandestina dentro del país. El pasado 4 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre un cateo realizado en un inmueble de Huixquilucan, Estado de México, donde presuntamente operaba una fábrica de cigarros apócrifos.
La dependencia estimó que los bienes asegurados representaban una afectación de entre 225 y 330 millones de pesos para el mercado ilícito.
Investigar redes de distribución criminal
El punto de acuerdo también solicita a la FGR fortalecer las investigaciones contra las organizaciones dedicadas a fabricar, falsificar, introducir y distribuir ilegalmente productos de tabaco.
Los promoventes señalaron que, con base en investigaciones de El Colegio de México, grupos delictivos participan en distintas etapas de esta cadena comercial y recurren a presiones y amenazas contra tiendas de barrio para obligarlas a vender determinadas marcas.
De acuerdo con los legisladores, esta situación convierte al comercio ilegal de cigarros en un fenómeno que requiere una respuesta integral, no sólo por sus consecuencias sanitarias y económicas, sino también por su posible vinculación con estructuras delictivas.
El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Salud del Senado para su análisis, fue suscrito por Alberto Anaya Gutiérrez, Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves.
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