Por Alejandra Cruz.
Ante los actos cometidos el pasado 11 de octubre por parte de elementos de seguridad de Jalisco contra manifestantes que pedían mejorar la calidad del agua en Guadalajara, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso para garantizar una investigación expedita, imparcial y con enfoque de garantías individuales.
El organismo ejerció su facultad de atracción para indagar los hechos en los que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco agredieron a personas defensoras de derechos humanos y activistas cuando se manifestaban por el derecho al agua potable.
“Después de hacer una valoración ponderada de los hechos y sus consecuencias, y dado los alcances nacionales que han tenido, ha determinado ejercer su facultad de atracción para investigar las probables violaciones a derechos humanos”.
Esto, explicó, porque en dichas manifestaciones estaban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores, y las detenciones habrían sido “arbitrarias, malos tratos e incomunicación de los detenidos”.
La protesta social como derecho humano
La CNDH reiteró que la protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, reconocidos en la Constitución mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, indispensables para la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y la construcción de una sociedad democrática.
Llamó a a las autoridades de Jalisco a colaborar en las investigaciones, garantice la protección de las personas involucradas y adopte las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
Hasta este martes 13, a dos de las siete personas que permanecían detenidas tras la protesta por agua limpia del domingo en Guadalajara se les vinculó a proceso por lesiones, y sólo a una se le liberó sin cargos.
Las otras cuatro personas continuarán su audiencia el viernes 16 de octubre, cuando se determinará su posible vinculación a proceso, de acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que apoya la defensa de los detenidos.
La Fiscalía de Jalisco dijo que a seis detenidos se les presentaría por lesiones dolosas y uno por desobediencia o resistencia de particulares, y que las otras 32 personas, de un total de 39 detenidas tras los enfrentamientos frente a Casa Jalisco, fueron liberadas.
Lemus reconoció uso excesivo de la fuera
El gobernador Pablo Lemus reconoció en sus redes sociales irregularidades en el operativo. “Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”, admitió.
La marcha del domingo 11 de octubre reunió a miles de personas que exigieron una solución al suministro de agua sucia en Guadalajara y otros municipios metropolitanos, y fue frente a Casa Jalisco donde se registraron los enfrentamientos y los policías dispersaron a los asistentes con gases y chorros de agua.
El gobierno estatal acusó de violencia a un “grupo ajeno a la protesta”, en tanto que los asistentes y activistas negaron que sus detenidos estuvieran involucrados en ese grupo.
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