La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, la renuncia de Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La votación para la decisión que será efectiva a partir del próximo 31 de agosto, estuvo marcada por un intenso debate entre legisladores de oposición y el bloque oficialista, particularmente en torno a la interpretación del artículo 98 de la Constitución, que establece que las renuncias de magistradas y magistrados electorales deben obedecer a una causa grave.
🔴La #ComisiónPermanente aprueba la renuncia de la C. Mónica Aralí Soto Fregoso como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. pic.twitter.com/hPyI5uo0jZ
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 19, 2026
El PRI y el PAN cuestionaron que la Comisión Permanente aprobó la separación del cargo sin realizar una revisión de fondo sobre los argumentos expuestos por Soto en su escrito de renuncia.
Morena defendió la salida
Morena y sus aliados, en contraste, defendieron la procedencia del trámite y rechazaron que la salida de la magistrada represente un riesgo para el funcionamiento de la máxima instancia de justicia electoral.
En la discusión, la senadora priista Carolina Viggiano pidió dar lectura al artículo 98 constitucional y advirtió que la decisión representa un nuevo debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Cuestionó que la magistrada no haya hecho público un motivo que pueda ser considerado como una causa grave, pues el argumento de cerrar un ciclo profesional y atender compromisos personales y familiares resulta insuficiente.
Viggiano también alertó que la Sala Superior quedará integrada por cinco de sus siete magistraturas, lo que reduce los márgenes de pluralidad e independencia.
«Fast track» y falta de revisión constitucional
Desde Acción Nacional, el senador José Máximo García López calificó el procedimiento como un trámite «fast track» y expuso que la Comisión Permanente debió determinar primero si la causa invocada por Soto cumplía con el requisito constitucional.
El legislador consideró que cerrar un ciclo profesional y atender compromisos familiares no constituye una causa grave, por lo que aprobar la renuncia sin revisión de fondo podría convertir el procedimiento en una simulación jurídica. Sin embargo, reconoció que el PAN tampoco podía obligar a la magistrada a permanecer en un cargo que ya decidió abandonar.
En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, sostuvo que la Comisión Permanente debió suspender el procedimiento ante la falta de una discusión de fondo.
Acusó al oficialismo de convertir asuntos de relevancia constitucional en simples trámites administrativos y afirmó que la salida de Soto se inscribe en un proceso más amplio de debilitamiento de las instituciones electorales.
Ramírez recordó controversias que han acompañado algunas resoluciones de la magistrada, incluyendo las relacionadas con los llamados «acordeones» durante la elección judicial.
PT defiende la legalidad y descarta afectaciones al Tribunal
En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, defendió la decisión y aseguró que el Congreso actuó conforme a la responsabilidad que establece el artículo 98 constitucional.
El petista destacó la trayectoria de Soto y sostuvo que su renuncia responde a una decisión personal que debe ser respetada.
Rechazó que la salida comprometa el funcionamiento del Tribunal y explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que la Sala Superior sesione con cuatro magistraturas.
Lee: TEPJF alerta: Mujeres también ejercen violencia política contra otras mujeres
