Por Alejandro Meléndez
Ciudad de México, 27 may. (AMEXI).- Un grupo de indígenas otomíes residentes en la Ciudad de México denuncia haber sido víctima de racismo, desprecio y discriminación durante la actual administración federal.
Desde hace tres años y siete meses, esta comunidad ocupa las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en un esfuerzo por reclamar su derecho a una vivienda digna, como lo establece el artículo 4 Constitucional.
En un comunicado dirigido a varias organizaciones y medios de comunicación, incluyendo al EZLN, al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y a su vocera Ma. de Jesús Patricio Martínez, así como a las organizaciones sociales, civiles y políticas, la comunidad otomí denunció el racismo, desprecio y discriminación que han enfrentado durante la Cuarta Transformación.
Lee: Mi gobierno garantizará derechos de pueblos indígenas, reitera Xóchitl Gálvez
«A pesar de más de 25 años de lucha y tres años y siete meses de ocupar el INPI, nuestras demandas no han sido resueltas. Hoy decidimos tomar acción y quedarnos dentro de las oficinas de gobierno hasta encontrar una solución a nuestras justas demandas”, dijeron los representantes de la comunidad.
Esto es lo que piden:
Las nueve demandas planteadas por la comunidad el 9 de febrero pasado incluyen el cese de desalojos, represión y hostigamiento, así como la solución inmediata a sus peticiones de vivienda.
Además, exigieron la cancelación de las investigaciones penales contra integrantes de la comunidad, particularmente contra Diego García, y una audiencia con Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la capital mexicana.
Los responsables gubernamentales encargados de las mesas de diálogo con la comunidad son Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano; Erasto Ensástiga, subsecretario de Gobierno, y representantes del Instituto de Vivienda en sus áreas jurídica, técnica y social.
Sin embargo, la comunidad denunció que estos diálogos no han producido los resultados esperados, incluso después de concederles el “beneficio de la duda”.
No estamos dispuestos a seguir permitiendo tanto desprecio de este gobierno que se llena la boca hablando de una transformación y una ciudad de derechos, cuando en realidad nuestros derechos siguen siendo violentados”, subrayaron en el comunicado.
También hicieron un llamado a los medios de comunicación para que estén atentos a las condiciones dentro de las oficinas del gobierno, donde incluso hay niños de 10, 11 y 3 años de edad presentes como parte de la comisión que ingresó a la reunión con las autoridades.
“No nos vendemos, no claudicamos y no traicionamos”, afirmaron tras reiterar su compromiso con la lucha por sus derechos y en memoria de sus sueños, pesadillas, muertos y desaparecidos que no caben en las urnas electorales.
Lee: A días de elecciones, comunidades indígenas de Guerrero advierten más violencia
La comunidad otomí exige una solución inmediata a sus demandas y la inclusión real en las políticas públicas de la ciudad, al recordar al gobierno su obligación de atender estas demandas conforme a los convenios internacionales.
