Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, y del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitan al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar el registro de candidaturas de juzgadores de la elección judicial, por no gozar de buena reputación
Con base en lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Constitución, ambos legisladores expusieron que 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por eso piden cancelar el registro de candidaturas de juzgadores de la elección judicial.
Indicaron que estos aspirantes están vinculados a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Ocho incumplen con calificación
Además, expresaron que ocho candidaturas más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho puntos.
El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas.
También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna.
Idoneidad, un imperativo ético
Asimismo, insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
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Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica a cargos de juezas, jueces y magistrados, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93.
Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”, señaló Gutiérrez Luna.
Garantizar preparación jurídica
Subrayó que el promedio mínimo no solo es un requisito formal, sino un criterio que busca garantizar un alto nivel de preparación jurídica en quienes aspiren a resolver conflictos que afectan los derechos humanos y el orden democrático.
Ambos legisladores solicitaron al INE cancelar los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
