México enfrenta una problemática persistente: el embarazo en adolescentes. Aunque en los últimos años se ha reducido la tasa de fecundidad en este grupo, aún se registran más de 60 nacimientos por cada mil adolescentes, lo que representa una de las cifras más altas entre los países de la región.
Este fenómeno, que afecta especialmente a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, limita sus oportunidades educativas, económicas y personales, y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad.
Frente a este contexto, la diputada Petra Romero Gómez, del grupo parlamentario de Morena, propuso integrar en la agenda legislativa nacional la Norma Marco para la Prevención de Embarazos en la Adolescencia en América Latina y el Caribe (ALC), recientemente aprobada por unanimidad en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), como base para una ley específica que atienda esta problemática en México.
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Una ley modelo regional como punto de partida
Tras su participación en la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud del Parlatino, celebrada en marzo en Panamá, Romero Gómez destacó que esta norma regional puede ser el sustento para avanzar en una legislación integral sobre embarazo adolescente, un tema que aún no cuenta con una ley específica en el país.
“La aprobación de esta ley modelo en el Parlatino representa una oportunidad para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en México”, afirmó.
Limitaciones de los programas existentes
Aunque México cuenta con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), esta estrategia no tiene carácter vinculante.
Su meta es clara: reducir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años para 2030 y disminuir en 50 % la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. Sin embargo, sin una legislación que la respalde, su impacto es limitado.
Romero Gómez recordó que, entre 2015 y 2023, la tasa de fecundidad adolescente disminuyó de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes, pero enfatizó que se requiere una ley con perspectiva de género y derechos humanos para consolidar avances.
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Protección integral para la infancia y adolescencia
La diputada mencionó que México cuenta con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), así como con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece medidas en el artículo 50 para prevenir el embarazo temprano.
Sin embargo, insistió en que se debe fortalecer el marco jurídico para garantizar protección efectiva y atención integral.
Otros retos regionales: migración, desigualdad y participación juvenil
Además del embarazo adolescente, durante la reunión del Parlatino se abordaron temas como el impuesto rosa, la cooperación internacional en políticas para la niñez, y el fenómeno de la migración infantil no acompañada, en el que México juega un papel clave como país de tránsito hacia Estados Unidos.
Romero Gómez subrayó la necesidad de garantizar la seguridad, salud y retorno digno de estos menores, así como fortalecer la protección consular y los programas sociales destinados a la juventud en situación de vulnerabilidad.
México, con voz activa en el Parlatino
El encuentro reunió a más de 40 parlamentarios de América Latina y el Caribe, y permitió compartir experiencias e iniciativas exitosas en favor de la infancia y adolescencia.
La diputada destacó que México ha tenido un papel preponderante en el Parlatino desde su fundación en 1964, siendo promotor de diversas leyes modelo.
Asimismo, se discutió el seguimiento al Pacto para el Futuro, adoptado por la ONU en 2024, que busca enfrentar desafíos como la sostenibilidad, la gobernanza global y los riesgos emergentes, como la inteligencia artificial.
Compromiso con una legislación transformadora
Romero Gómez concluyó que el encuentro internacional fue “muy nutritivo” y reafirmó su compromiso de trabajar por una ley que prevenga de forma eficaz los embarazos en niñas y adolescentes, con un enfoque integral, equitativo y centrado en los derechos humanos.
“Las propuestas surgidas en el Parlatino enriquecen mi labor en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es momento de asumir nuestra responsabilidad legislativa y actuar en favor de quienes más lo necesitan”, finalizó.
