Es urgente en México poner en la agenda de toda autoridad que las niñas, niños y adolescentes son personas con todas las prerrogativas que les otorga la Constitución, especialmente a partir de los organismos públicos de derechos humanos, señaló la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró, quien puntualiza: existen leyes de protección, pero ¿no tienen posibilidad de ejercicio?
La investigadora de la UNAM indicó lo anterio al participar en la inauguración del Primer Congreso Anual en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México desde los organismos públicos de derechos humanos.
Añade que esta labor es relevante gracias a la alianza entre la Universidad Nacional, UNICEF y la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
González Contró resalta que la urgencia es mayor cuando, por ejemplo, en diversos lugares del país, como en Valle de Chalco, Estado de México, ocurren delitos en contra de menores de edad frecuentemente por las noches, y el ayuntamiento es considerado oficialmente como un municipio con altos índices de violencia en contra de mujeres y niñas.
Esta situación, precisa, lo advierten el propio gobierno del Estado de México y el gobierno federal, respaldados por colectivos civiles y mediciones de seguridad pública.
Medidas urgentes ante violencia familiar nocturna
En el Estado de México, la aplicación de medidas urgentes ante violencia familiar nocturna, como el reingreso al domicilio de menores expulsados o la restricción del agresor, se ha concentrado de forma masiva en el Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de NNA.
Este juzgado opera las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma digital. Ha otorgado más de 9 mil medidas de protección urgentes desde el inicio de sus operaciones. Permite que las policías municipales, el DIF o los familiares tramiten la protección del menor de forma inmediata, sin tener que esperar los tiempos de burocracia de un Ministerio Público convencional.
Sin embargo, pocas personas saben de dicho tribunal y, si un niño o niña es víctima de violencia familiar, es sacado de su vivienda durante la noche y el protocolo de actuación inmediata obliga la intervención de un esquema interinstitucional, y los policías municipales —Células de Búsqueda y de Género— son los primeros respondientes obligados a resguardar físicamente al menor y dar aviso a la procuraduría de protección infantil, ocurre que, en casos diversos, ellos facilitan los delitos.
¿Leyes sin posibilidad de ejercicio?
En la UNAM se recordó que el tema de derechos de menores es reciente en México, pese a que nuestro país firmó la Convención de los Derechos del Niño a partir de sus inicios; pero fue hasta 2014 cuando se publicó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, representada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
González Contró agregó que, no obstante el gran avance que supuso la creación de la ley, hubo retroceso cuando se reformó su artículo primero y se redujeron sus garantías a la capacidad de goce; es decir, que no tienen posibilidad de ejercicio. En ese sentido, sugirió que esta modificación regresiva debe ser eliminada y volver al sentido original de la normativa.
Lorena Villavicencio Ayala, titular de la SIPINNA, refirió que México tiene una normativa institucional sólida con un andamiaje cuyo reto es cerrar la brecha entre su diseño y operación.
El daño ocurre en territorio y la protección debe llegar ahí
El problema es que la distribución de responsabilidades no estuvo acompañada de la información pública sobre resultados reales por entidad, de los mecanismos para activar el apoyo cuando se tienen rezagos y de una estrategia que reconozca que estados y municipios carecen de las mismas capacidades. El daño ocurre en territorio y la protección debe llegar ahí, abundó.
Propuso avanzar hacia una agenda territorial de protección efectiva de derechos de la infancia que permita, entre otros aspectos, dar seguimiento de indicadores y evaluación de política nacional que facilite implementar lo programado por ley, mediante la evaluación de resultados.
La presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, destacó que el trabajo realizado en las comisiones, procuradurías y defensorías de las garantías fundamentales confronta en tiempo real con las realidades de las infancias y adolescencias, pues 38.7% vive en pobreza multidimensional.
Salvaguarda integral conforme al interés superior de la niñez
Uno de cada diez está en condiciones de pobreza extrema; 58% carece de acceso a seguridad social; 63% vive con padre y madre, 31% solo con uno de los dos y 6% con uno; 7.4 millones forman parte de hogares indígenas; un millón tiene alguna discapacidad, y 63% sufre o ha sufrido alguna violencia, añadió.
Maia Campbell, representante adjunta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que las infancias requieren protección internacional y cuidados, por lo que se ha subrayado la obligación de los Estados de garantizar su salvaguarda integral conforme al interés superior de la niñez.
Reiteró que el pleno goce de sus prerrogativas constituye un pilar de aquellos que tienen un régimen democrático, lo que significa asegurar que las infancias y adolescencias tengan acceso a educación, salud, seguridad, igualdad y a una vida libre de violencia y explotación.
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