Gobierno federal despliega Guardia Nacional; persisten tensiones entre Los Ardillos y Los Tlacos
Familias víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal en comunidades de Chilapa, Guerrero, comenzaron a regresar a sus hogares bajo resguardo de la Guardia Nacional, luego de varios días de ataques armados atribuidos a los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, organizaciones que mantienen una disputa territorial en la región de la Montaña Baja.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el retorno ocurre tras negociaciones y acciones coordinadas entre fuerzas federales y autoridades locales para contener la violencia y restablecer condiciones mínimas de seguridad.
“Nuestra prioridad es que ninguna familia se sienta obligada a dejar su hogar por temor. Hoy, el Estado garantiza no solo el retorno, sino la permanencia digna y segura de estas personas en sus tierras”, declaró la funcionaria tras una reunión en Palacio Nacional.
Violencia obligó a familias a abandonar sus comunidades
El desplazamiento ocurrió después de una serie de ataques registrados desde el pasado 9 de mayo en comunidades como Tula, Chicotlán y Ayahualtempa, donde habitantes denunciaron agresiones con armas de alto calibre y drones explosivos.
De acuerdo con testimonios de pobladores, grupos armados incendiaron al menos 23 viviendas, además de destruir cultivos y matar animales de granja, lo que obligó a decenas de familias a huir hacia refugios improvisados.
El 10 de mayo, habitantes desplazados se resguardaron en un auditorio público de Alcozacán, desde donde solicitaron ayuda mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados a organizaciones civiles y autoridades federales.
La crisis volvió a exhibir la situación de vulnerabilidad que enfrentan comunidades indígenas y rurales atrapadas entre disputas del crimen organizado en distintas regiones de Guerrero.
Gobierno despliega fuerzas federales y programas sociales
Rosa Icela Rodríguez informó que el retorno de las familias cuenta con acompañamiento institucional permanente, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y supervisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
La funcionaria sostuvo que el gobierno federal implementará acciones de reconstrucción del tejido social mediante rehabilitación de escuelas, centros de salud y programas de apoyo económico.
Además, confirmó que las familias desplazadas tendrán incorporación prioritaria a los Programas para el Bienestar, con apoyos dirigidos a recuperar actividades agrícolas y comerciales afectadas por la violencia.
El despliegue federal incluyó la llegada de aproximadamente mil elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enviados a la zona serrana por instrucción presidencial.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que el retorno de familias desplazadas solo puede considerarse sostenible si existen garantías reales de seguridad y permanencia territorial.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y otras organizaciones civiles han señalado en distintos episodios de violencia en Guerrero que muchas comunidades regresan bajo presión económica o social, aun cuando persisten condiciones de riesgo derivadas de la presencia de grupos criminales armados.
Persisten miles de desplazamiento forzado por violencia en Guerrero y en varias entidades del país
En México, al menos 28 mil personas fueron desplazadas de manera forzada durante 2024, de acuerdo con el informe Travesías Forzadas, elaborado por la Universidad Iberoamericana y ACNUR en 2025. Guerrero concentró mil 396 desplazamientos, impulsados principalmente por la violencia criminal y el control territorial de grupos armados.
Aunque las autoridades federales y estatales han anunciado acciones de atención durante 2025, hasta ahora no existe un corte oficial más reciente, por lo que esas cifras continúan siendo uno de los principales referentes sobre desplazamiento interno en el país.
La dimensión humana de la crisis aparece reflejada en testimonios recabados por el propio informe. “Nos fuimos con lo que traíamos puesto. No sabíamos si íbamos a volver a ver nuestra casa”, señala una de las personas desplazadas entrevistadas en comunidades afectadas por la violencia.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha advertido durante los últimos años que el desplazamiento forzado interno se ha convertido en una crisis persistente en estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas, donde grupos armados disputan territorios, rutas y economías ilegales.
Los Ardillos y Los Tlacos mantienen disputa territorial
La confrontación entre Los Ardillos y Los Tlacos se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en Guerrero durante los últimos años.
Ambas organizaciones mantienen enfrentamientos por control territorial, rutas de movilidad y actividades ilícitas en municipios de la Montaña, la zona Centro y regiones serranas del estado.
Los choques armados entre ambos grupos han provocado homicidios, desapariciones, bloqueos carreteros y desplazamientos masivos de comunidades indígenas y rurales, particularmente en municipios como Chilapa, Quechultenango y Heliodoro Castillo.
La utilización reciente de drones con explosivos, denunciada por habitantes desplazados, refleja además un incremento en la capacidad operativa y armamentística de organizaciones criminales que operan en zonas rurales de Guerrero.
📌Durante 17 días siguen las balas y bombas en Huitzapula, #Guerrero | 👀Unas 600 personas, a mediodía de este 14 de mayo pidieron apoyo a la presidenta #Claudiashein. En la noche se refugiaron en la comisaría 80 mujeres, 17 eran niñas y 15 niños👉🏾https://t.co/kQxoC5KC5b pic.twitter.com/C3GOrINY4x
— Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) May 14, 2026
Segob promete monitoreo permanente en la región
La secretaria de Gobernación afirmó que se mantiene una mesa de coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a los casos de desplazamiento forzado interno.
También aseguró que el gobierno aplicará la ley contra quienes busquen desestabilizar la región mediante actos de violencia.
No obstante, el retorno de las familias ocurre en un contexto donde Guerrero continúa entre las entidades con mayores niveles de violencia armada, presencia de grupos criminales y conflictos territoriales vinculados con economías ilegales.
La situación en Chilapa vuelve a colocar en el centro del debate la capacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad, permanencia territorial y protección efectiva para comunidades rurales atrapadas bajo presión del crimen organizado.
