El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, con 349 votos a favor y 92 en contra, las modificaciones del Senado de la República a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que establecen excepciones para la industria automotriz terminal y las empresas dedicadas a la distribución y comercialización de gasolinas y diésel.
Tras su aprobación, el dictamen se turnó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.
Al fundamentar el proyecto, el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, explicó que, a partir de la propuesta del Ejecutivo federal y de lo aprobado previamente por San Lázaro, se incorporó a la Ley del ISR un ajuste estructural orientado a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, combatir las prácticas fiscales indebidas y consolidar la progresividad del sistema tributario.
El legislador destacó que las modificaciones contemplan medidas de apoyo para la industria automotriz terminal y para las empresas gasolineras dedicadas a la distribución o comercialización de gasolinas y diésel.
Sostuvo que reconocer las particularidades de ambos sectores no implica otorgar privilegios fiscales ni establecer exenciones generalizadas, sino realizar adecuaciones normativas que permitan equilibrar la eficacia recaudatoria, la certeza jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades productivas estratégicas para el país.
Altamirano precisó que el alcance del dictamen es específico, pues no modifica las tasas del ISR, no crea nuevas deducciones fiscales ni elimina obligaciones tributarias o facultades de fiscalización del Estado.
Subrayó que la discusión se limita a las modificaciones incorporadas por el Senado al artículo 78-E de dicha legislación.
PAN cuestiona exclusión de sectores empresariales
Desde la oposición, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, cuestionó que la reforma no contemple las necesidades de otros sectores estratégicos, como la industria de autopartes, los distribuidores de gas LP y las agencias automotrices.
Advirtió que estas actividades podrían enfrentar afectaciones debido a que sus condiciones operativas no se consideraron en las excepciones incorporadas a la legislación.
En el mismo sentido, la diputada panista Verónica Pérez alertó que los cambios podrían frenar la inversión, afectar a las empresas y poner en riesgo miles de empleos en el país.
Señaló que la reforma dejó fuera a sectores fundamentales de la economía, entre ellos la industria de autopartes, que genera alrededor de 800 mil empleos en México, pese a que sí se contemplaron excepciones para determinadas armadoras automotrices.
También externó preocupación por las empresas distribuidoras de gas LP, al considerar que enfrentan condiciones similares a las de otros participantes del sector energético, pero quedaron fuera de las medidas de protección que se incorporaron al dictamen.
PRI alerta sobre impacto económico y falta de consenso
Por su parte, el diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, criticó la falta de diálogo y consenso con los sectores productivos y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de las modificaciones.
Desde la tribuna, sostuvo que las decisiones unilaterales tienen repercusiones y reprochó que, pese a las reuniones sostenidas con representantes de las industrias automotriz y de distribución de combustibles, no se consideraron sus planteamientos.
Refirió que representantes del sector automotriz alertaron sobre posibles afectaciones a su cadena de valor, en un contexto en el que, de acuerdo con las cifras expuestas por la industria, las exportaciones registraron una caída de hasta 11% y se han perdido más de 100 mil empleos.
De igual forma, señaló que empresarios gaseros advirtieron sobre los posibles efectos inflacionarios que las modificaciones podrían generar en los precios de los combustibles. “La respuesta es que se les ignoró y sus propuestas de modificación fueron desechadas”, apuntó.
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