El caso involucra servicios para DIGIPRiS y una subcontratación de 50.2% en el contrato de 2023 y de 100% en el de 2024
Diputados del PAN pidieron este jueves a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y al titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja, por irregularidades relacionadas con dos contratos que sumaron 71.5 millones de pesos.
Los contratos, correspondientes a 2023 y 2024, fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y estuvieron relacionados con servicios para el desarrollo de DIGIPRiS, plataforma destinada a la digitalización de trámites sanitarios.
La petición de los legisladores se produce después de que los resultados de la fiscalización documentaran irregularidades en la contratación y subcontratación de los servicios. El caso generó además una acusación política del PAN contra el manejo de recursos públicos del sector salud.
Diputados del PAN pidieron investigar dos contratos y subcontratación por encima de los límites
Uno de los contratos correspondió a 2023, por 35.77 millones de pesos, y otro a 2024, por el mismo monto. En ambos casos, el IPN participó como instancia contratada por Cofepris para desarrollar servicios relacionados con DIGIPRiS.
En el contrato de 2023, el IPN subcontrató 17.96 millones de pesos, equivalentes a 50.2% del monto contratado, cuando el límite permitido era de 49%. Para el contrato de 2024, el IPN y la ESIME Culhuacán subcontrataron 100% de los recursos recibidos de Cofepris.
De acuerdo con la auditoría, 28.81 millones de pesos fueron pagados a dos personas morales y 6.96 millones a 10 prestadores de servicios profesionales. La ASF señaló que la forma de contratación observada incumplió las disposiciones aplicables.
Los hallazgos son el principal antecedente documental de la exigencia presentada este jueves por los diputados panistas.
La auditoría también encontró deficiencias técnicas
La revisión de la ASF no se limitó al esquema de contratación. También encontró deficiencias relacionadas con la supervisión de los servicios, la comprobación de costos y la seguridad de la información.
Entre las pruebas realizadas a las bases de datos, la auditoría reportó una efectividad de 66.7% en las evaluaciones de seguridad.
Estos resultados incorporan una dimensión técnica al caso: además de las observaciones sobre la forma en que fueron contratados y subcontratados los servicios, la fiscalización identificó aspectos que debían ser aclarados respecto de su supervisión y seguridad.
Los diputados del PAN citaron estos elementos para solicitar que se investigue la actuación de los responsables de las instituciones involucradas.
PAN acusa una “Estafa Maestra del Bienestar”
El vocero de la bancada panista, Federico Döring, calificó el caso como una “Estafa Maestra del Bienestar” y acusó a funcionarios de Morena de reproducir esquemas de corrupción asociados, dijo, con gobiernos priistas.
Döring sostuvo que las irregularidades en los contratos entre el IPN y Cofepris se suman a otros cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en el sector salud. También pidió investigar a los responsables de las contrataciones.
La diputada federal Paulina Rubio acusó al gobierno de la 4T de lucrar con la salud mediante negocios irregulares y sostuvo que el caso se suma a otros señalamientos sobre el manejo del sector.
Las expresiones de ambos legisladores forman parte del posicionamiento político del PAN a partir de los hallazgos de la fiscalización.
Los contratos son anteriores a la llegada de Borja
Víctor Hugo Borja asumió la titularidad de Cofepris en enero de 2026, mientras los contratos auditados corresponden a 2023 y 2024.
La precisión temporal es relevante porque la petición del PAN incluye al actual titular de Cofepris, aunque los contratos objeto de la fiscalización fueron celebrados antes de su llegada al cargo.
En el caso del IPN, Arturo Reyes Sandoval estaba al frente de la institución durante el periodo en que se celebraron los contratos auditados.
La fiscalización mantiene abiertas acciones
La ASF promovió acciones derivadas de las irregularidades detectadas en los contratos.
La exigencia de los diputados del PAN busca que se investigue la actuación de los titulares de ambas instituciones y se determinen, mediante los procedimientos correspondientes, las responsabilidades que pudieran derivarse de los hallazgos.
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