El abstencionismo registrado en la elección del Poder Judicial no afecta su legitimidad, pues no se estableció un mínimo de participación ciudadana para validar el proceso, aseguró la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan.
En conferencia de prensa, subrayó que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó la elección para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, pero reconoció que es difícil lograr una alta participación, incluso en comicios presidenciales.
Según cifras oficiales, entre 12.5% y 13.3% de los ciudadanos acudieron a las urnas, lo que significa que más de 87% no votó.
La consejera recordó que en la elección presidencial de 2024, la participación fue de 61%, mientras que en procesos anteriores, como la revocación de mandato de 2022, sólo 17% de los ciudadanos votaron, y en la consulta popular de 2021, la cifra fue aún menor, con 7% de participación.
Desafíos significativos
Humphrey destacó que el INE enfrentó desafíos significativos en la organización de la elección judicial, incluyendo limitaciones presupuestarias y vacíos legales en la reforma que permitió el proceso.
A pesar de ello, aseguró que el Instituto cumplió con su labor y que la baja participación no invalida los resultados.
Informó que el INE ha recibido 98 quejas relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos y que la Unidad Técnica de Fiscalización investigará el origen de los recursos utilizados para la distribución de los llamados «acordeones», empleados por los votantes para recordar sus opciones.
Este proceso electoral marca un precedente histórico en México, al permitir la elección directa de jueces y magistrados, y aunque la participación fue menor a la esperada, las autoridades electorales aseguran que el resultado es válido y legítimo
Revisarán irregularidades y fiscalización
El INE informó que algunas candidaturas de la elección judicial podrían ser canceladas debido a irregularidades en la fiscalización, incluso si los candidatos ya han sido electos.
La consejera Humphrey explicó que entre las faltas graves que podrían derivar en la cancelación de candidaturas están:
- Rebase de topes de gastos de campaña
- Uso de financiamiento público o privado no autorizado
- Vínculos con el crimen organizado
- No presentar informes de gastos en la fecha establecida (31 de mayo)
Hasta el momento, la Unidad Técnica de Fiscalización ha recibido 98 quejas contra diversas candidaturas, y tres de ellas ya han iniciado procedimientos para determinar sanciones.
Entre las denuncias está el uso de los llamados «acordeones» para facilitar el voto, lo que generó investigaciones sobre el origen de los recursos utilizados para su producción e impresión.
El INE reportó ingresos por 268.5 millones de pesos y egresos por 122 millones de pesos en el proceso electoral federal, mientras que a nivel local los ingresos ascendieron a 127.4 millones de pesos y los egresos a 69.3 millones de pesos.
La autoridad electoral enfatizó que 92% de los informes de gastos se entregaron, pero advirtió que cualquier irregularidad grave podría derivar en la cancelación de candidaturas, incluso después de la jornada electoral.
Este proceso de fiscalización refuerza el compromiso del INE con la transparencia y legalidad, lo que asegura que los recursos utilizados en la elección judicial cumplan con las normativas establecidas, agregó.
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