A partir de ahora, el Gobierno Federal asume las funciones del INAI, que fue desaparecido junto con otros organismos autónomos mediante una reforma a la Constitución, y para manejar el tema de la transparencia aplicará nuevos esquemas de acceso a la información y para la protección de datos personales, que aquí en AMEXI te vamos a explicar.
Cabe resalta que, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la protección de datos personales, se realizaron reformas constitucionales y cambios en leyes secundarias o que reglamentan las enmiendas en la Constitución, que transformarán la manera en que los ciudadanos acceden a la información pública y protegen su privacidad en México.
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Acceso a la Información: Más Transparencia, Nuevas Autoridades
El derecho de los ciudadanos a conocer cómo actúa el Estado se refuerza con la reestructuración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ahora, en lugar de una sola entidad, habrá 18 autoridades encargadas de la transparencia, distribuidas entre los tres poderes de la Federación, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos.
A nivel estatal, los 32 organismos locales del INAI serán reemplazados por nuevas autoridades de transparencia en cada entidad federativa, organizadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos.
Protección de Datos Personales: mayor control para los ciudadanos
Las reformas también impactan el derecho de los ciudadanos a controlar su información personal, estableciendo 16 nuevas autoridades en la materia.
Estos órganos sustituirán al INAI y garantizarán la protección de datos personales en posesión tanto de sujetos obligados como de particulares.
El organismo “Buen Gobierno” se convertirá en la única autoridad a nivel nacional encargada de vigilar el cumplimiento de estas normativas, asegurando la protección de información sensible como:
- Identidad
- Historial clínico
- Datos biométricos
- Información financiera
- Creencias religiosas
- Orientación sexual, entre otros datos.
Nuevas Reglas en las Leyes Secundarias
Las reformas incluyen cambios estructurales en la legislación secundaria. Destacan la eliminación de la colegiación en la toma de decisiones y la transferencia de responsabilidades a las autoridades locales.
Además, la Plataforma Nacional de Transparencia, antes administrada por los organismos garantes, pasará a ser regulada por la ley y gestionada directamente por Buen Gobierno.
Otro cambio significativo es que los ciudadanos podrán impugnar resoluciones locales sobre recursos federales directamente ante Buen Gobierno, en lugar de acudir al INAI. Asimismo, los juicios de amparo serán resueltos por jueces especializados en la materia.
Impacto en el Sistema Nacional de Transparencia
El Sistema Nacional de Transparencia, que antes era dirigido por el INAI, será sustituido por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, cuyo Consejo Nacional estará presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Este nuevo organismo contará con la participación del:
- Poder Ejecutivo de cada entidad federativa
- Auditoría Superior de la Federación y otras instituciones clave.
- A nivel estatal, habrá 32 Subsistemas de Transparencia, que integrarán a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y órganos autónomos.
Abrogación y Reformas en la Legislación
Los cambios legales incluyen la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificaciones en otras normativas fundamentales como:
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Reforma busca mejorar transparencia
Estas reformas buscan mejorar la transparencia gubernamental y reforzar la protección de datos personales con un modelo más descentralizado y especializado.
Sin embargo, también generan interrogantes sobre la eficacia de la nueva estructura y el impacto en el acceso a la información.
La implementación y supervisión de estos cambios serán clave para determinar si cumplen con su objetivo de garantizar un gobierno más abierto y responsable ante la ciudadanía.
