La diputada Liliana Ortiz Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de garantizar una asignación presupuestal mínima y sostenida para la atención de la salud mental en México.
La propuesta establece que el Estado deberá destinar al menos el 5% del presupuesto total del sector salud a este rubro.
La iniciativa, respaldada por integrantes del grupo parlamentario del PAN y turnada a la Comisión de Salud, contempla reformas y adiciones a varios artículos (72, 73, 73 Bis, 74 y 74 Ter) y propone incorporar los artículos 72 Quáter y 74 Quáter a la ley.
El enfoque es impulsar un modelo preventivo, comunitario e incluyente, con perspectiva de derechos humanos y especial atención a niñas, niños y adolescentes.
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Un modelo de salud mental más justo y accesible
De acuerdo con la propuesta, tanto el Ejecutivo federal como los gobiernos estatales deberán concurrir en el financiamiento de servicios y programas de salud mental y adicciones, garantizando el acceso universal, equitativo e igualitario.
Ortiz Pérez subraya que el actual modelo de salud mental en México ha sido históricamente insuficiente, con una asignación menor al 2% del presupuesto del sector salud, lo que ha derivado en una limitada cobertura, dependencia de modelos hospitalarios y farmacológicos, y escasos programas preventivos.
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¿Qué se contempla?
Esta situación afecta especialmente a grupos vulnerables, como personas neuro divergentes, víctimas de violaciones a derechos humanos y jóvenes en riesgo.
La propuesta contempla:
- Incluir psicólogos clínicos en la atención primaria, asegurar el acceso a intervenciones psicosociales y psicofármacos en centros de salud y hospitales generales.
- Impulsar la formación y capacitación de profesionales en salud mental, coordinando esfuerzos entre las secretarías de Salud y de Educación Pública, y los gobiernos estatales.
- Diseñar una estrategia nacional para prevenir el suicidio, con enfoque de derechos humanos y atención específica a los sectores más vulnerables.
- Establecer un sistema nacional de recopilación y análisis de datos desglosados sobre salud mental, que permita planear, monitorear y evaluar políticas públicas de forma efectiva.
La diputada panista recalcó que la salud mental es un derecho humano fundamental y que se requiere una inversión decidida y sostenida para garantizar el bienestar emocional y psicológico de la población.
“Esta iniciativa busca construir un sistema de salud mental accesible, efectivo y sostenible, que proteja la vida y el bienestar de todas las personas en México”, afirmó.
