Ciudad de México, 16 abr. (AMEXI).- La jurisprudencia emitida por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la región Centro-Norte del país, que establece la solicitud de un amparo para suspender órdenes de captura por delitos graves, sólo puede estar vigente si lo aprueba el Poder Legislativo, expuso la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR informó que junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías de todo el país, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita “un pronunciamiento claro y definido” sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, en los casos relacionados con dicha resolución.
Recordó que la Constitución es prioritaria y soberana sobre cualquier resolución de tribunales internacionales, y que “solo podrá ser modificada, si así lo aprueba el Poder Legislativo de la Nación Mexicana».
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Refirió que con la jurisprudencia, las personas con orden de captura por delitos sexuales, trata, feminicidio, homicidio, la violación, el secuestro, delincuencia organizada, huachicol, corrupción, entre otros ilícitos, pueden solicitar un amparo y evitar la detención.
En tanto, abundó, el juez determinará la imposición de medidas cautelares, como uso de brazalete, arraigo domiciliario, o incluso, autorizar la prisión preventiva justificada dependiendo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Ya se aplica en estos estados
La medida se aplica desde el pasado 8 de abril en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Al rechazar la determinación de los magistrados, la FGR asegura que existen violaciones a los derechos humanos de víctimas, las personas ofendidas, así como a testigos incluidos en los expedientes integrados por el Ministerio Público.
Según la FGR, la resolución emitida por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, puede originar una prolongación en la impartición de la justicia del país.
“La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos”, sostuvo.
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Por ello y al considerar violaciones graves, la FGR, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, solicitó a la Corte su pronunciamiento sobre la resolución.
