Ciudad de México, 17 mar. (AMEXI).- Permisionarios del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) advierten que las amenazas de las autoridades de la Secretaría de Marina (Semar) que coordinan ahora esta terminal aérea en contra de diversas empresas, “ya no se pueden soportar”.
Ante ello, piden nuevamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para que haya una Comisión Investigadora que estudie a detalle lo que sucede en el aeropuerto capitalino y dé a conocer la verdad.
Los permisionarios de las diferentes empresas afectadas, como el caso de Sitio 300, explicaron la situación que prevalece en el AICM.
En cada viaje que se realiza, aclaran, a los permisionarios se les descuenta la parte de la contraprestación que le debe llegar al aeropuerto, lo que no se hizo de forma correcta por parte de diversas empresas durante varios años, como resultado de actos de corrupción y acuerdos económicos con autoridades del propio aeropuerto.
Por ello, en 2018, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), determina que los permisionarios de taxis deben pagar de forma directa dicha contraprestación al aeropuerto, con el fin de acabar con empresas monopólicas, lo que no sucedió en la realidad.
Diversas empresas se coludieron con la administración del aeropuerto para no pagar esos recursos y se da inicio a una “cacería de brujas” al finalizar la pandemia en contra de los permisionarios que sí pagaban sus contraprestaciones de forma directa como lo determinó la Cofece.
Los dirigentes al final pagarían 30% de la deuda condonada a los abogados, quienes en complicidad con los funcionarios del AICM “dividirían el botín entre los que hicieron dichos acuerdos”, ante lo cual es prioritario revisar que los adeudos vienen desde 2017, advierten.
Desafortunadamente, denuncian las empresas afectadas, las autoridades de la Secretaría de Marina que hoy administran el aeropuerto de la capital, se coludieron también con las empresas grandes para que no paguen sus compromisos económicos y buscan dañar a través de “irregulares actos administrativos”, amenazas y presiones, a quienes sí cumplen y a las cuales perciben como empresas “peligrosas”.
Estos actos de corrupción, acusan, son encabezados por José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos, y por Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y de Supervisión de Trasportación Terrestre del Aeropuerto, quienes piden dinero para la asignación de cajas para la venta de boletos, buscan la eliminación de permisos a empresas como Sitio 300, a la que le quieren hacer que reconozca una deuda y se sume a una empresa afín a ellos, a cambio de poder seguir operando.
Las empresas denunciaron una campaña para afectar la imagen pública de las empresas que desean eliminar, incluso mediante actos de presión ejercida con información falsa canalizada a medios comunicación.
Las empresas afectadas solicitan al presidente López Obrador que la Presidencia de la República intervenga para que “constaten que nos quieren obligar a reconocer un adeudo que no tenemos y adherirnos a una empresa que es de ellos, dicho esto por el propio director de SPASA”.
Los permisionarios de la empresa de servicio de transporte de taxis en el Aeropuerto de la Ciudad de México Sitio 300, piden la intervención del presidente del Republica para solucionar el serio problema de corrupción que prevalece entre las autoridades del aeropuerto capitalino y que les tiene sin trabajo y con una supuesta deuda de 60 millones de pesos.
En una carta pública, los permisionarios de esta empresa explican que ellos han pagado su contraprestación de acceso a zona federal y advierten que nunca han sido notificados de ningún adeudo por parte de las autoridades del Aeropuerto, lo que incluso ha sido reconocido por éstas, a pesar de lo cual les exigen el pago de dicha cantidad.
De igual manera, explican que los funcionarios del IACM les han amenazado con revocarles sus permisos ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, “si no les firmamos un reconocimiento de adeudo y no nos adherimos a trabajar en la empresa que ellos nos están imponiendo”.
“Basta de tratarnos como delincuentes, nosotros ya pagamos, ya no nos detengan nuestras unidades. Como permisionarios de más de 50 años somos personas de la tercera edad, muchas mujeres, somos más de 600 unidades y la afectación es insostenible para las más de dos mil familias que estamos quedándonos sin llevar el sustento a casa”.
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