Ciudad de México, 12 abr. (AMEXI).- La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de la Federación (PJF) inició una investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales.
De acuerdo con el expediente, en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal entre 2019 y 2022, Zaldívar, en coordinación con otros integrantes del PJF, vulneraron la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del PJF, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, menciona el documento consultado por Amexi.
La Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, fueron las áreas más utilizadas para obligar a jueces y magistrados a emitir sentencias a beneficio, de lo contrario se les iniciarían responsabilidades administrativas “usando quejas existentes o inventando algunas”.
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“Por otro lado, so pretexto de ‘políticas anti nepotismo’, ‘necesidades del servicio’ o hasta usando las ‘acciones afirmativas’ en favor de mujeres, acomodaron sus piezas estratégicamente para tener control de los asuntos más importantes, se dieron primeras adscripciones a personas sin experiencia en los circuitos donde se manejaban los asuntos más relevantes y donde está en juego la mayor cantidad de capital político y económico, como en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, quitando jueces y magistrados ‘incómodos’ para poner otros a modo y cumplir sus fines corruptos”.
En el escrito también se indican actos de corrupción en los institutos Federal de Defensoría Pública y Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para tener bajo control “asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes y gestionar a través de sus síndicos que los procedimientos siguieran el curso que le convenía”.
Otros implicados
En la investigación J/108/2024 también se incluye a Carlos Antonio Alpízar Salazar, en su actuación como secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, quien es acusado en el escrito de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.
Otros funcionarios son: Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como las personas servidoras públicas que resulten responsables, adscritas a ese instituto; Netzaí Sandoval Ballesteros, en su actuación como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como distintos jueces y magistrados.
