Jueces de Illinois visitan la SCJN; debaten tortura y derechos humanos
Una delegación de juezas y jueces del estado de Illinois, Estados Unidos, realizó una visita institucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como invitados de honor.
El núcleo de las mesas de trabajo se concentró en la protección de los derechos humanos frente a malas prácticas procesales, centrándose especialmente en la erradicación de la tortura y la coacción en los sistemas penales.
Los jueces estadounidenses presenciaron una sesión del Pleno de la SCJN enfocada en un proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El caso analizaba alegatos de tortura e intimidación sufridos por un imputado durante su procedimiento.
El debate giró en torno a que las formalidades de un proceso no pueden validar pruebas u obtener confesiones bajo coacción. Para la SCJN, la tortura constituye una de las violaciones más graves a las garantías individuales, lo que obliga a los jueces a revisar de manera minuciosa si las amenazas influyeron en el testimonio de los procesados.
Criterios compartidos entre dos sistemas
Especialistas señalan que, aunque México opera bajo un sistema de tradición continental y Estados Unidos bajo el derecho anglosajón (Common Law), el asunto posee una relevancia crítica para los juzgadores. Ambas naciones están suscritas a tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben la tortura.
Plantear estos criterios ayuda a homologar las exigencias de exclusión de prueba ilícita, conocida en Estados Unidos como la regla de exclusión o la doctrina del fruto del árbol envenenado.
Los jueces de Illinois y de México enfrentan el reto de actuar como un contrapeso real frente a los abusos de las autoridades investigadoras, garantizando que una confesión bajo sospecha de violencia sea anulada. Esto presiona a las corporaciones policiacas a mejorar sus técnicas de investigación científica.
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Justicia de puertas abiertas
El encuentro formal tuvo lugar en el salón del Tribunal Pleno, donde los juzgadores extranjeros fueron recibidos oficialmente tras el receso de la sesión pública ordinaria.
Durante la bienvenida, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, externó su gratitud hacia la delegación y calificó la visita como un alto honor y un testimonio del mutuo interés por robustecer las prácticas democráticas y los derechos humanos a nivel internacional.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó su beneplácito por la decisión de la delegación de seleccionar a México como destino académico y profesional. Esquivel Mossa enfatizó que este tipo de visitas consolidan una justicia de puertas abiertas y abren canales indispensables para nutrir el entendimiento mutuo sobre las complejidades legales que enfrentan los poderes judiciales en ambas naciones.
Además del debate sobre tortura, la agenda incluyó temas como la perspectiva de género en la impartición de justicia, donde se discutió la necesidad de proteger los derechos de las niñas y las mujeres en los tribunales.
Asimismo, se abordó la evolución tecnológica y operativa de las instituciones jurídicas, con el personal del Alto Tribunal compartiendo información sobre los esquemas de interconexión digital implementados para agilizar trámites y acelerar la justicia.
El reto de la legitimidad en México
En el marco de estos debates, especialistas señalan que, la legitimidad de los tribunales en México depende absolutamente de que la ciudadanía perciba que la justicia es limpia e imparcial. Sin embargo, la realidad muestra una profunda fractura entre esa teoría y la percepción ciudadana.
Estudios demoscópicos reflejan un panorama adverso: entre el 65% y más del 80% de los mexicanos percibe que la corrupción es una práctica común entre jueces, magistrados y ministros.
Tras la implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial que introdujo la elección de juzgadores por voto popular, aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos mantiene una opinión crítica o de desconfianza respecto a la nueva integración del Máximo Tribunal.
Para el ciudadano común, la realidad del sistema de justicia no radica en los debates de la Suprema Corte, sino en los tribunales locales y agencias del Ministerio Público. Las investigaciones del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN demuestran que la legitimidad se construye en el trato diario. No obstante, la realidad histórica para la mayoría de los mexicanos ha sido la opuesta: opacidad, mal servicio, maltrato y un lenguaje legal incomprensible que aleja a la ciudadanía.
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