María Alejandra Suárez Morales, candidata a magistrada de Michoacán del Consejo de la Judicatura Federal, consideró como ilegal el cobro de despachos de cobranza por deudas en tarjetas de crédito sin verificar identidad del supuesto deudor.
Aseguró que los despachos de cobranza por deudas en tarjetas de crédito contratados por instituciones de crédito incurren en daño moral hacia los deudores y operan fuera del marco de la ley.
La candidata a magistrada de circuito en materia civil en el Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, se consideró como una nueva generación de juzgadoras, que no tolera las injusticias ni los actos deshonestos de nadie.
Ilegales amenazas de despacho
María Alejandra Suárez Morales señaló que las constantes llamadas que hacen estos despachos son totalmente ilegales, así como las amenazas que realizan.
“No respetan la privacidad de los deudores e incluso se atreven a intimidar con embargos, esas son totalmente ilegales”, afirmó.
Suárez Morales es licenciada en derecho, maestrante en derecho procesal constitucional y con 18 años de experiencia en el Poder Judicial.
Salvaguardar derecho a agua
María Alejandra Suárez Morales destacó entre sus logros haber salvaguardado el derecho humano al agua, sentencia misma que obtuvo un premio por la AMIJ (Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia) por cobro de despachos por deudas en tarjetas de crédito.
Participó en la elaboración de sentencias de temas de trascendencia, como el de daño moral, por lo que cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para advertir a la ciudadanía sobre cobros indebidos de despachos jurídicos.
Dijo que causan daño a la intimidad, por el hecho de haber efectuado el cobro de cantidades no adeudadas mediante llamadas telefónicas sin seguir el protocolo de actuación respectivo.
También, agregó, por hacer esas llamadas telefónicas fuera de los días y horarios establecidos para la gestión de cobro, negociación o reestructuración de créditos, préstamos o financiamiento.
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Mujer dedicada 100% a su trabajo
La candidata a magistrada se considera como una mujer dedicada 100% a su trabajo, aguerrida y comprometida con su profesión, con lo cual logró importantes puestos en el Poder Judicial, gracias a su capacidad y dedicación.
Explicó que está determinado que se configura como daño moral cuando durante la secuela procesal se demuestra que el supuesto deudor no celebró contratos con la institución de crédito.
Aclaró que la celebración de contratos e instrumentos con base en documentación apócrifa es únicamente atribuible a la institución de crédito.
Verificar identidad del contratante
Ante la falta del deber de cuidado de verificar la identidad del contratante causa un perjuicio al actor, pues le estuvo requiriendo e insistiendo vía telefónica el pago de cantidades que no adeudaba, precisa.
Suárez Morales hizo notar que los ciudadanos perjudicados pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efecto de que el banco se apegue a las sanas prácticas a las que está obligado a llevar a cabo.
«Esto significa que efectivamente ellos no pueden llegar al grado de instigar a un deudor», subraya.
Velar por derechos de deudores
María Alejandra Suárez Morales, destacó entre sus propuestas para mejorar el Poder Judicial en México, la importancia de velar siempre por los derechos de los deudores de buena fe en juicios hipotecarios o de cobranza abusiva.
Comentó que quiere ser Magistrada para promover criterios que sancionen la presentación de demandas frívolas, simuladas o que busquen dilatar la justicia.
«Promoveré también el uso de acuerdos en línea con herramientas digitales para reducir costos y tiempos procesales», dijo.
María Alejandra Suárez Morales aparece en el número 16 de la boleta rosa en Morelia.
Entre sus propuestas destacan:
- Agilizar el análisis de excepciones procesales para evitar juicios innecesarios.
- Impulsar la tutela judicial en todos los juicios, en especial en los que estén involucrados derechos de grupos vulnerables.
- Apresurar procesos sucesorios para evitar que las herencias queden en limbo jurídico.
- Mejorar los tiempos de resolución de los asuntos, con un estudio exhaustivo.
- Garantizar el acceso a la justicia para comunidades indígenas en casos de propiedad.
- Impulsar la justicia familiar con enfoque restaurativo y alternativo para privilegiar la mediación y conciliación en casos de divorcio y colaborar con las unidades especializadas en mediación familiar y civil.
