Ciudad de México, 8 ago. (AMEXI).- La reforma judicial propuesta por el jefe del Ejecutivo Federal reclama una profunda modificación estructural a las funciones de la Fiscalía General de la República (FGR), sustentada en siete puntos básicos, asegura el doctor José Guadalupe Medina Romero, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al participar en el foro nacional “Justicia Pronta y Expedita” realizado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.
Lo anterior, subraya Medina Romero, es necesario para alcanzar mejores resultados en el combate contra el crimen organizado, acorde a los fenómenos criminales y atendiendo el fortalecimiento de las estrategias que han generado resultados positivos en la lucha contra los delitos de alto impacto.
Medina Romero, quien ha desempeñado altos cargos en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), destaca que con una profunda reforma a la FGR se alcanzará una política de pacificación y reconciliación que contribuya a vivir en paz y a recuperar la credibilidad ciudadana hacia la Fiscalía General de la República que, por impacto, permearía en las restantes instancias de procuración de justicia como las fiscalías estatales.
“No hay tiempo que perder o tristemente perderemos la batalla y, por ende, quizás la viabilidad de nuestro Estado de derecho”, sentencia el especialista al exponer que se trata de contener y combatir con eficacia y fortaleza el embate frontal y desafiante que el crimen ha planteado.
Al participar en el foro nacional “Justicia Pronta y Expedita: Análisis y Propuestas de la Iniciativa de Reforma en Materia de Justicia”, organizado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, cuyo presidente es el doctor Elías Huerta Psihas, el catedrático Medina Romero plantea la reforma estructural en la FGR a través de siete puntos básicos entre los que destacan: la construcción del sistema de coordinación nacional en materia de procuración de justicia, en donde la FGR encabece y asuma la política criminológica del Estado mexicano.
También propone una reforma organizacional para la atención de delitos de alto impacto centrando la investigación en una sola unidad responsable contra el crimen organizado dentro de la propia fiscalía.
Impulsa la necesidad de contar con un modelo de procuración de justicia basado en capacitación para la selección, ingreso, promoción y permanencia de su personal sustantivo.
El experto de la UNAM explica que se requiere de un servicio de carrera policial, pericial y ministerial bajo parámetros de estabilidad laboral y desarrollo profesional permanente.
Además, agrega, urge una estructura ministerial de coordinación jurisdiccional suficiente para atender el volumen de asuntos a conocer, advierte el también exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
