La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno mantiene el diálogo abierto con el magisterio, pero advirtió que no todas las demandas pueden atenderse debido a restricciones presupuestales, en el contexto de las movilizaciones de la CNTE.
La mandataria explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con autoridades estatales y la Secretaría de Gobernación, sostiene reuniones tripartitas en todo el país para atender las exigencias del sector.
“La Secretaría de Educación Pública tiene reuniones en todas las entidades de la República… donde participa la Secretaría de Educación de los estados, con el gobernador o gobernadora y la Secretaría de Gobernación”, señaló.
En ese marco, hizo un llamado a que las protestas se mantengan dentro de cauces pacíficos.
“Se atienden las demandas factibles… un llamado para el magisterio, para que si se van a manifestar, pues que sea pacífico, siempre”.
Demandas de la CNTE: impedidas por recursos públicos
Sin embargo, Sheinbaum subrayó que existen límites financieros que impiden cumplir con todas las demandas de la CNTE, particularmente en materia de pensiones.
“En el marco de lo que se puede apoyamos, pero hay temas que no da el presupuesto público. Tendríamos que aumentar impuestos para que diera para eso”.
La presidenta enfatizó que el gasto social representa una carga significativa para las finanzas públicas, al recordar que en 2026 se destina un monto histórico a programas sociales.
“Hoy hay un billón de pesos que se destinan a programas de bienestar… a 14 millones de adultos mayores con más de 500 mil millones de pesos”.
De acuerdo con datos oficiales, el gobierno federal contempla un presupuesto superior a un billón de pesos para programas del Bienestar, considerados eje central de su política social, mientras que al cierre de 2026 se prevé beneficiar a alrededor de 14 millones de adultos mayores con pensiones bimestrales.
Las declaraciones ocurren en medio de nuevas protestas del magisterio, que exige la derogación de la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, una medida que el gobierno ha calificado como financieramente inviable.
Pese a ello, el Ejecutivo federal insistió en que continuará el diálogo institucional, aunque acotado a las posibilidades reales del erario.
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