Cuidad de México, 7 abr. (AMEXI).- El órgano de control del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) está obligado a exhibir las múltiples anomalías que prevalecen en perjuicio de los permisionarios del servicio de transporte de taxis en esta terminal aérea y cumplir con su misión de mostrar alSPASA, todos los defectos, exigen conductores afectados.
En especial, las que se cometen para beneficiar a la empresa SPASA, propiedad del exdirector del Aeropuerto, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, denunciaron.
Los permisionarios del servicio de taxis del aeropuerto capitalino han denunciado las múltiples corruptelas que se presentan para beneficiar a esta empresa, con acciones como: asignación sin el cumplimiento de requisitos de seis puntos de venta para esa empresa por parte de la Dirección Jurídica del AICM.
La empresa SPASA no cumple con una adecuada facturación, con un proyecto ejecutivo, con un proyecto de servicio, con garantías de cumplimiento de arrendamiento, con seguro de responsabilidad civil, incluso no existe una contratación para esta empresa boletera dentro del catálogo de contratación del Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales (Cocosa).
José Luis Martínez Colina, director jurídico del AICM, ha defendido a SPASA con una lista de asistencia de 220 permisionarios, que evidentemente no firmaron, para que a la empresa le asignaran dichos puntos de venta, mismos que le quitaron a Sitio 300, porque supuestamente las cajeras no tenían la tarjeta de identificación aeroportuaria.
A SPASA le otorgaron dichas tarjetas 15 días antes de que le dieron su contrato para puntos de venta, sin fundar ni motivar, es decir, “sin pasar por la Cocosa” y 15 días después de la fecha del contrato elaboraron un comunicado donde imponen a SPASA a todos los permisionarios de Sitio 300, por lo cual SPASA incluso sería el cobrador de una deuda que “le inventaron” a Sitio 300.
Al respecto, los permisionarios denuncian que dicha deuda por cobrar no está fundamentada en el contrato de los permisionarios de Sitio 300 y menos los intereses moratorios de 75% que quieren cobrarles.
Añaden que José Luis Martínez Colina y Mario Sánchez Becerra reconocieron en una confesional que los permisionarios de Sitio 300 no deben, y sin pruebas de la deuda dieron paso a una demanda contra los directivos de Sitio 300.
Los permisionarios describen que el modus operandi de todo lo anterior da inicio con Rebeca Cruz Martínez, asesora jurídica de Transportación Terrestre, quien proporciona toda la información necesaria de otras empresas para arropar a SPASA.
Posteriormente, Gustavo Arce Landa, asesor jurídico, desarrolla toda la fundamentación y motivación legal para que SPASA obtenga la mejor calificación ante Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y Supervisión de Transportación Terrestre.
Sonia López Gallegos, Rebeca Cruz Martínez y Gustavo Arce Landa, se encargan de ocultar la información para que ninguna empresa ni permisionario se enteren de estas acciones, al tiempo de impedir la prestación del servicio de las unidades que les conviene parar al quitarles el tarjetón a sus operadores, documento que les permitiría trabajar.
Finalmente, los permisionarios denuncian que las autoridades del aeropuerto han llegado al grado de amenazar a las empresas que han querido apoyar a Sitio 300 con imponerles igualmente a SPASA, empresa propiedad de Velázquez Tiscareño y sus socios José Luis Martínez Colina, director jurídico; Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y Supervisión de Transportación Terrestre, así como de Rebeca Cruz Martínez y Gustavo Arce Landa.
Por todo lo anterior, los permisionarios hacen un llamado urgente al órgano de control del AICM, para que revise con objetividad y honestidad estos casos y haga informes fidedignos que ayuden a terminar con todas estas arbitrariedades que se han cometido en contra de ellos desde hace varios años.
