El Congreso capitalino analizará la propuesta de planeación a 20 años.
La Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) aprobó por unanimidad el proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045, que se someterá al análisis del Congreso capitalino.
La propuesta establece objetivos de planeación para las próximas dos décadas y busca orientar las políticas públicas y el gasto gubernamental. Su aprobación definitiva corresponde al Congreso, que deberá resolver en un plazo máximo de seis meses después de recibirlo. Si no emite una resolución durante ese periodo, la Constitución establece que el documento se considerará aprobado.
El proyecto fue enviado al Legislativo más de cuatro años después del plazo previsto en el calendario legal vigente, que fijaba su entrada en vigor para el 1 de octubre de 2022. Durante la presentación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, atribuyó la interrupción del proceso a una decisión política de la administración anterior para evitar que la discusión coincidiera con el periodo electoral.
Consulta ciudadana y cambios al proyecto
La titular del IPDP, Patricia Ramírez Kuri, informó que el documento pasó de 22 a 28 líneas de transformación y de tres a cinco dimensiones después de incorporar propuestas recogidas durante la consulta pública.
Las cinco dimensiones son el Estado democrático y la centralidad de lo público; el urbanismo ecosocial; la economía dinámica, próspera y compartida; la cultura y creatividad, y el estado de bienestar y la ciudad de los cuidados. La versión pública presentada en noviembre de 2025 contenía 22 líneas de transformación; la actualización anunciada por el Instituto incorpora seis más.
Según cifras del Gobierno capitalino, en el proceso de consulta, que duró seis meses, participaron 646 mil personas mediante talleres, foros, reuniones, consultas y conversatorios. La administración también reportó consultas con 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes.
Entre los objetivos expuestos por Brugada están acercar centros de cuidado infantil a menos de 15 minutos de los hogares, avanzar hacia un transporte público eléctrico, mejorar la calidad del aire y garantizar servicios básicos en las colonias. También mencionó la erradicación de la pobreza extrema y el impulso a una economía circular.
El marco constitucional establece que los planes, programas, políticas y proyectos públicos deben sujetarse al Plan General de Desarrollo, mientras que la programación presupuestal debe incorporar sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia será obligatoria para el sector público, y regulatoria e indicativa para los demás sectores.
Vivienda y ordenamiento territorial
En materia de vivienda, Brugada sostuvo que una vivienda digna debe tener al menos 60 metros cuadrados. Señaló que la Secretaría de Vivienda ya considera esa dimensión en sus reglas de operación y que su administración revisará cómo extender el criterio a los desarrollos inmobiliarios.
Sin embargo, la mandataria aclaró que el Plan General de Desarrollo establece líneas estratégicas y que las disposiciones específicas sobre crecimiento urbano, usos de suelo y desarrollos inmobiliarios corresponden a otros instrumentos, particularmente al Programa General de Ordenamiento Territorial.
El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, explicó que ese instrumento posterior deberá establecer los lineamientos para los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías.
El proyecto fue remitido al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, discusión y eventual aprobación. Brugada pidió a los legisladores debatirlo con apertura y evitar que las diferencias partidistas condicionen su revisión.
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