El presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, informó que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una “actualización del sistema electoral mexicano” con el objetivo de reducir costos, fortalecer la fiscalización y ampliar la participación ciudadana.
Durante la presentación del balance de los trabajos de la comisión, Gómez Álvarez detalló que se realizaron 63 audiencias públicas, 31 en entidades federativas, siete en Estados Unidos, una audiencia migrante en la Ciudad de México y 24 en la Secretaría de Gobernación, en las que se recibieron mil 357 propuestas de reforma a la legislación electoral.
“México atraviesa una transformación profunda desde las elecciones de 2018”, sostuvo, al señalar que la nueva realidad política “no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto”.
Reforma plantea una reducción de gasto y cambios al INE
El funcionario subrayó que el gasto público electoral en 2024 ascendió a 61 mil millones de pesos, 36 mil millones a nivel federal y 25 mil millones en los estados, por lo que consideró que “ha llegado el momento de revisar los gastos de los procesos electorales”.
En ese sentido, la iniciativa propone disminuir en una cuarta parte el financiamiento anual a los partidos políticos. “El subsidio estatal es un mecanismo de equidad, pero su monto total debe corresponder al país que tenemos”, afirmó.
Asimismo, planteó reorganizar al Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar lo que calificó como “hipertrofia” administrativa. La propuesta contempla que el organismo cuente con órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas, y que concentre de manera exclusiva la fiscalización tanto en el ámbito federal como local.
“El fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral sería la reforma más importante en materia de fiscalización”, indicó, al proponer un sistema de información cotidiana que permita detectar operaciones financieras y prevenir el uso de recursos ilícitos en campañas.
Democracia participativa y diáspora
La iniciativa también busca consolidar un sistema nacional de consultas populares con reglas comunes en todo el país, ante lo que describió como un uso todavía insuficiente de los mecanismos de democracia participativa.
Además, se propone reconocer constitucionalmente a la diáspora mexicana y permitir que los connacionales en el extranjero elijan a sus propios diputados mediante un sistema de representación proporcional pura.
“Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas, sino expresión directa de la voluntad popular”, puntualizó.
Regulación de propaganda e inteligencia artificial
En materia de comunicación política, Gómez Álvarez sostuvo que, si bien en los últimos años se ha respetado la libertad de expresión, es necesario delimitar el concepto de propaganda política.
“Las campañas con contenidos engañosos y mentirosos no deben permitirse”, dijo, y añadió que se propone hacer obligatorio el etiquetado de contenidos elaborados con inteligencia artificial para proteger derechos frente a nuevas formas de manipulación.
Finalmente, afirmó que la propuesta presidencial “no es un ajuste ni una modificación administrativa más”, sino una reforma de fondo cuyo propósito es “fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público y ampliar la participación ciudadana”.
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