El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este martes un paquete de reformas en materia de seguridad pública: reforma integral a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) expuso que la reforma integral a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el objetivo de actualizar su marco normativo, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y profesionalizar a las instituciones del sector.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del SNSP, subrayó que la ley vigente, promulgada en 2009, “ya estaba rebasada” por las condiciones actuales del país.
“Sus mecanismos de coordinación eran demasiado rígidos y su enfoque se centraba exclusivamente en los integrantes de las instituciones, dejando de lado el fortalecimiento institucional”, explicó.
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Coordinación eficaz y visión nacional
La iniciativa busca establecer un esquema de coordinación más flexible y útil, con distribución clara de competencias entre autoridades federales, estatales y municipales bajo un modelo concurrente, que facilite una actuación conjunta y eficaz.
Este rediseño promueve una alineación estratégica entre los tres órdenes de gobierno, articulando las estrategias locales con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Uno de los pilares de la reforma es otorgar sustento jurídico al Gabinete Federal de Seguridad, haciéndolo obligatorio y permitiendo su replicación en las entidades federativas mediante las mesas de paz, con el fin de fortalecer la toma de decisiones conjuntas y la acción territorial.
Nuevos estándares para instituciones de seguridad
La propuesta también plantea la definición de mínimos institucionales para policías, fiscalías y sistemas penitenciarios.
Además, impulsa una Política Nacional de Acreditación y Certificación, que no sólo evaluará a los elementos operativos, sino también a las instituciones en su conjunto, bajo criterios de calidad, confianza y profesionalismo.
En ese sentido, se contempla la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública, que tendrá la misión de formar a mandos y especialistas con enfoque en inteligencia, investigación y valores éticos.
Mejor información, mayor transparencia
Otro componente clave de la reforma es la mejora de los registros nacionales y bases de datos del sistema nacional de información en seguridad pública, para garantizar decisiones basadas en evidencia y evaluaciones más precisas de las estrategias implementadas.
Finalmente, se introducen criterios claros y transparentes para el uso de recursos federales en seguridad, lo que permitirá un mejor seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas.
“Esto se traduce en una mayor eficiencia presupuestal, uso responsable del dinero público y prevención de la corrupción”, afirmó.
La nueva Ley de la Guardia Nacional
A su vez, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, habló de la nueva Ley de la Guardia Nacional y la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
En su intervención, Godoy subrayó que estas reformas buscan fortalecer la coordinación institucional sin comprometer los derechos fundamentales de la ciudadanía.
“El objetivo es claro: prevenir, detectar y desarticular amenazas a la paz pública, siempre bajo el mando del Ministerio Público y con autorización judicial”, afirmó.
En respuesta a las críticas sobre un posible uso político de las herramientas de inteligencia, Godoy fue enfática: “En ningún momento se invade la privacidad ni se espían conversaciones. Todo está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
El nuevo marco legal contempla la colaboración entre la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las fiscalías, a través de un Consejo Nacional de Inteligencia coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esta estructura busca articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para enfrentar delitos de alto impacto con mayor eficacia.
La nueva legislación armoniza los mecanismos de coordinación y establece candados legales para evitar abusos, garantizando que cualquier intervención esté sujeta a control judicial.
Sheinbaum defiende que militares participen en elecciones
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta incluida en la nueva Ley de la Guardia Nacional que permitiría a elementos militares en activo solicitar una licencia especial para competir por cargos de elección popular o asumir funciones civiles en el gobierno.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó como “ignorantes” las críticas de la oposición, al señalar que esta posibilidad no es nueva, sino que tiene sustento en la Constitución de 1917 y en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
“Ya existía la figura de licencia especial para que un militar pudiera separarse del servicio activo y participar en procesos electorales”, afirmó.
La iniciativa, que forma parte de la reforma integral a la Guardia Nacional aprobada en 2024, establece cuatro tipos de licencias: ordinaria, ilimitada, por edad límite y especial.
Esta última permitiría a los elementos desempeñar funciones civiles, incluidos cargos de elección popular, siempre con autorización del titular del Ejecutivo o de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sheinbaum subrayó que la medida busca equiparar los derechos políticos de los integrantes de la Guardia Nacional con los del resto del personal militar, y negó que represente una amenaza a la democracia.
“No se trata de militarizar la política, sino de reconocer que quienes han servido al país también pueden aspirar a servir desde otros espacios”, puntualizó.
Preocupación de la oposición
Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación entre sectores de la oposición.
La diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, advirtió que esta disposición podría abrir la puerta a un uso político de las Fuerzas Armadas y calificó la medida como “un riesgo para la institucionalidad democrática”.
El debate sobre la participación política de militares se intensifica en un contexto donde la Guardia Nacional ha sido formalmente adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, consolidando su carácter castrense. La discusión legislativa sobre esta reforma continúa en la Cámara de Diputados.
