El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que su partido solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como una “organización terrorista” por sus presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, en una nueva escalada política derivada de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Acompañado por legisladores priistas de Sinaloa, el también senador afirmó que el PRI presentó escritos ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo el argumento de que existen presuntos vínculos entre integrantes de Morena y organizaciones criminales.
¿Por qué pide PRI declarar a Morena organización terrorista?
Alejandro Moreno sostuvo que las leyes estadounidenses permiten clasificar como terroristas a organizaciones o personas vinculadas con grupos criminales señalados por Washington. Según explicó, las consecuencias alcanzarían incluso a quienes mantengan relaciones políticas, financieras o de colaboración con esas estructuras.
El líder priista vinculó su acusación con las recientes imputaciones conocidas en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otras figuras políticas sinaloenses, entre ellas el senador morenista Enrique Inzunza. Sin presentar pruebas durante la conferencia, afirmó que desde los procesos electorales de 2018 Morena habría operado con respaldo del crimen organizado en distintas regiones del país.
Además, señaló a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como parte de los nombres incluidos en el documento entregado a autoridades estadounidenses.
¡MORENA tiene que entregar a @rochamoya_! ¡Toda esta pandilla de narcopolíticos va a caer! pic.twitter.com/p7Z98sWhD9
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 6, 2026
Morena rechaza acusaciones y niega encubrir a funcionarios
Horas después, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, respondió a las acusaciones y aseguró que su movimiento no permitirá convertirse en “el payaso de las cachetadas” frente a señalamientos que consideró carentes de sustento.
El legislador defendió que Morena mantiene el respaldo popular y reiteró que su partido no protegerá actos de impunidad, aunque tampoco aceptará acusaciones basadas únicamente en filtraciones o declaraciones políticas.
“Estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas”, declaró durante una conferencia de prensa en el Senado.
Ignacio Mier evitó pronunciarse sobre la responsabilidad personal de Rubén Rocha Moya y afirmó que no le corresponde actuar como juez ni emitir condenas anticipadas. También justificó la ausencia del senador Enrique Inzunza durante la sesión de la Comisión Permanente, al señalar que su participación dependía de la definición interna de la bancada morenista.
El coordinador parlamentario insistió en que cualquier investigación debe desarrollarse dentro del marco legal y sostuvo que las acusaciones contra actores políticos deben acompañarse de pruebas verificables y no de versiones o filtraciones.
🔴 Conferencia de prensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, @NachoMierV. https://t.co/Jxe1hbsizQ
— Senado de México (@senadomexicano) May 6, 2026
El caso Rocha profundiza confrontación política nacional
La confrontación entre PRI y Morena ocurre en medio de una creciente presión política derivada de señalamientos surgidos en Estados Unidos sobre presuntos nexos entre actores públicos y organizaciones criminales, un escenario que ha intensificado el choque entre oficialismo y oposición rumbo a la segunda mitad del sexenio.
Mientras el PRI busca trasladar el conflicto al ámbito internacional y presionar mediante instituciones estadounidenses, Morena intenta contener el impacto político desacreditando las acusaciones y defendiendo la legitimidad de sus gobiernos y representantes.
El caso de Rubén Rocha Moya se ha convertido así en un nuevo punto de fractura dentro de la polarización política nacional, con implicaciones que ya trascienden el debate interno y alcanzan el terreno diplomático y judicial.
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