La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que el precio promedio de la canasta básica incluida en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) se mantiene por debajo del límite establecido por el gobierno federal, al tiempo que anunció nuevas acciones contra establecimientos que eleven precios de manera injustificada.
El titular del organismo, César Iván Escalante Ruiz, explicó que este paquete fue creado para garantizar el acceso a alimentos y artículos esenciales para una familia de hasta cuatro personas durante una semana.
Indicó que cuando el programa arrancó en 2022, el precio máximo era de mil 39 pesos, pero posteriormente se redujo a 910 pesos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Cómo ha estado el seguimiento: a partir de esa fecha ha estado manteniéndose por debajo de los 910 pesos”, afirmó.
De acuerdo con el monitoreo nacional de Profeco, el precio promedio actual de la canasta es de 844.01 pesos.
Estabilidad en el precio de la tortilla
En cuanto al precio de la tortilla, señaló que el kilogramo en tortillerías se ubica en 24.27 pesos a nivel nacional, mientras que en tiendas de autoservicio ronda entre 13.91 y 13.96 pesos, sin variaciones relevantes en lo que va del año.
“Se mantiene estable el precio, prácticamente desde que inició el año”, sostuvo.
Inspecciones a gasolineras y comercios
Respecto a los combustibles, informó que el litro de gasolina regular tiene un precio promedio nacional de 23.69 pesos y destacó que, en comparación con otras economías, México se encuentra entre los países con menor costo.
El procurador detalló, además, que ya comenzaron visitas a estaciones de servicio para revisar incrementos de precios y verificar si cuentan con documentación que los justifique.
Precisó que hasta el momento se han inspeccionado 27 gasolineras y solo en tres casos se colocaron lonas de advertencia por vender por encima de parámetros razonables.
“Vamos a seguir atendiendo esto, vamos a continuar con esta estrategia”, aseguró.
Finalmente, advirtió que la vigilancia también se extenderá a restaurantes, tiendas y autoservicios con el objetivo de evitar prácticas abusivas que afecten la economía familiar.
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