Diputados exigen datos sobre denuncias y fiscalización de programas sociales.
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, negó que los programas sociales se condicionen con fines electorales, pero durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados no respondió con cifras específicas a todas las preguntas sobre denuncias contra servidores públicos, seguimiento de casos y posibles sanciones.
La funcionaria compareció ante la Comisión de Bienestar como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron los controles sobre los Servidores de la Nación, el presupuesto de esa estructura territorial y la atención de presuntas irregularidades rumbo a las elecciones de 2027.
«Nosotros estamos seguros de que todos los trabajadores de la Secretaría de Bienestar cumplen con su deber y no se condiciona ningún programa de Bienestar», afirmó Ramírez.
Ante las preguntas sobre las garantías para impedir que los apoyos se utilicen con fines partidistas, la secretaria sostuvo que el personal recibe capacitación permanente y que los beneficiarios pueden denunciar cualquier intento de condicionamiento.
«Cuando hay una denuncia, se procede, las instituciones funcionan. En este momento no tenemos una denuncia por eso», respondió.
Sin embargo, la funcionaria no precisó cuántas quejas había recibido la dependencia, cuántas había remitido a otras autoridades ni cuántas investigaciones o sanciones correspondían específicamente a los Servidores de la Nación.
Oposición cuestiona presupuesto de los Servidores de la Nación
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionó el crecimiento presupuestario de la estructura territorial vinculada con la operación de los programas sociales y advirtió sobre los riesgos de su utilización durante el proceso electoral de 2027.
El legislador señaló que el presupuesto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones pasaría de 4 mil 142 millones de pesos en 2026 a cerca de 4 mil 900 millones en 2027. También recordó los señalamientos que Marcelo Ebrard formuló en 2023 sobre la presunta intervención de la estructura de Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum durante la contienda interna de Morena.
Téllez cuestionó qué garantías ofrece la dependencia para impedir que los recursos y el personal se utilicen con fines electorales. También sostuvo que la estructura carece de suficiente transparencia presupuestaria.
Ramírez respondió que los trabajadores son identificables por sus uniformes y que su labor consiste en atender a la población. Afirmó que 98.55% de los recursos se destina a los apoyos y 1.4% a la operación, pero no desglosó en esa respuesta las razones del incremento presupuestario cuestionado por el diputado.
El legislador de Movimiento Ciudadano Gildardo Pérez Gabino preguntó cuántas denuncias por presunto uso político de los programas había recibido Bienestar, cuántas se habían canalizado a las autoridades y qué medidas se habían adoptado para proteger a los beneficiarios.
También recordó resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionadas con el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y cuestionó la afirmación de que la dependencia no tenía denuncias por condicionamiento.
Las 517 denuncias y los 4 mil 193 sancionados: cifras que requieren precisión
Téllez afirmó que existían 517 denuncias penales contra integrantes de la red de Servidores de la Nación por presuntos pagos indebidos, simulación de servicios, falsificación de documentos, desvío de recursos y coacción del voto. También mencionó 4 mil 193 servidores públicos investigados o sancionados, según los datos que atribuyó a autoridades federales.
No obstante, las cifras requieren una distinción. El 22 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno registraba 4 mil 193 servidores públicos sancionados en el conjunto de la administración federal y 517 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República durante dos años.
Esos datos generales no acreditan que las 517 denuncias ni las 4 mil 193 sanciones correspondan a personal de Bienestar o a los Servidores de la Nación. Durante la comparecencia, Téllez vinculó las cifras con esa estructura, pero la información oficial consultada no permite establecer esa correspondencia.
La diferencia es relevante porque una denuncia penal, una investigación administrativa y una sanción son procedimientos distintos. Tampoco puede concluirse que todas las personas señaladas hayan cometido las conductas denunciadas.
Ramírez no desglosó cuántas denuncias involucraban específicamente a personal de Bienestar ni ofreció un balance de investigaciones, sanciones o casos remitidos a la fiscalía especializada en delitos electorales. La secretaria señaló que esos asuntos corresponden al área jurídica de la dependencia y reiteró que las denuncias deben atenderse conforme a los procedimientos institucionales.
ASF: cinco millones de pesos en acciones de la cuenta pública de 2024
La fiscalización de los recursos públicos también fue motivo de confrontación. Téllez afirmó que, entre 2019 y 2024, la Auditoría Superior de la Federación acumuló observaciones por 5 mil 800 millones de pesos en la Secretaría de Bienestar y sostuvo que la mayor parte permanecía sin solventar.
El legislador pidió conocer cuánto dinero se había aclarado o recuperado y cuántos funcionarios habían sido sancionados. La diputada panista María Isabel Rodríguez Heredia también cuestionó los resultados de la atención a las observaciones de auditoría.
Ramírez respondió con cifras correspondientes a otro periodo: la revisión de la cuenta pública de 2024. Según la secretaria, en ese ejercicio se determinaron seis acciones por cinco millones de pesos, de los cuales 1.5 millones ya habían sido subsanados.
La funcionaria también afirmó que las observaciones iniciales relacionadas con el programa Sembrando Vida fueron atendidas durante el proceso de auditoría y que no quedaron acciones ni montos pendientes de aclaración en ese caso.
Sin embargo, la respuesta sobre la cuenta pública de 2024 no resuelve por sí sola el señalamiento de Téllez sobre el acumulado de 2019 a 2024. Durante la comparecencia no se presentó un desglose que permitiera contrastar los 5 mil 800 millones de pesos mencionados por el diputado con el estado de cada observación, acción promovida o monto por aclarar.
Las observaciones de auditoría tampoco equivalen automáticamente a desvíos de recursos. Para determinar el alcance de las irregularidades es necesario identificar los conceptos observados, las aclaraciones presentadas, las acciones promovidas y su situación definitiva.
Controles sobre padrón de beneficiarios de programas sociales
Ante los cuestionamientos sobre posibles pagos duplicados y depósitos a personas fallecidas, Ramírez sostuvo que la dependencia contrasta trimestralmente los padrones con información del Registro Nacional de Población y la Clave Única de Registro de Población.
La secretaria aseguró que las personas fallecidas no reciben recursos y que no existen apoyos duplicados. No presentó durante esa respuesta un desglose de las verificaciones, las inconsistencias detectadas o las correcciones realizadas.
Desde Morena, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez defendió a la funcionaria y sostuvo que una observación de auditoría no constituye por sí misma prueba de corrupción. El legislador argumentó que las dependencias tienen oportunidad de aclarar y documentar el ejercicio del gasto.
La discusión dejó pendientes datos específicos sobre las denuncias, el seguimiento de las investigaciones y los resultados de la fiscalización, aspectos necesarios para evaluar los controles de la dependencia.
Bienestar reporta 42.8 millones de beneficiarios
Durante la comparecencia, Ramírez informó que 42.8 millones de personas reciben programas sociales y que la inversión federal superará un billón de pesos al cierre de 2026, según las cifras presentadas por la dependencia.
La secretaria también señaló que casi 14 millones de personas adultas mayores reciben una pensión, con una inversión anual cercana a 527 mil millones de pesos.
El diputado priista Víctor Samuel Palma César sostuvo que el aumento del gasto social debe acompañarse de mejoras en salud, educación y cuidados, pues las transferencias económicas no resuelven por sí solas esas carencias.
Al concluir la comparecencia, Ramírez propuso instalar mesas de trabajo para revisar la información con los legisladores. La propuesta abrió la posibilidad de contrastar los datos de la dependencia con los cuestionamientos sobre presupuesto, denuncias y fiscalización.
La revisión pendiente deberá precisar qué denuncias involucran realmente a personal de Bienestar, cuál es el estado de las observaciones de auditoría y qué resultados han tenido los mecanismos de supervisión. Esos datos permitirán evaluar tanto la actuación de la dependencia como las acusaciones formuladas durante la comparecencia.
Lee también: Paquete Económico 2027: Programas para el Bienestar recibirán 2.6% del PIB en 2027
