La Cámara de Diputados avanza en el debate para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, mediante la aprobación de una reforma a la Constitución que sanciona la producción, distribución y comercialización de ese tipo de mercancías. La iniciativa la envió al Congreso, en 2022, el anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Reforma en materia de salud pública
Este martes, la Mesa Directiva dio trámite a una propuesta de reforma constitucional en materia de protección a la salud. El dictamen prevé prohibir la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.
Además, la reforma también prohíbe las actividades relacionadas con sistemas o dispositivos como vapeadores y cigarrillos electrónicos, que se señalan explícitamente en la iniciativa de ley. También se sancionará cualquier actividad industrial, comercial o profesional vinculada a esos productos.
Datos sobre el consumo de tabaco y vapeadores
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (ENSANUT-2022), 4.6% de los adolescentes y 19.5% de los adultos en México consumen tabaco, lo que equivale a casi 1 millón de adolescentes y 16.6 millones de adultos fumadores.
En el caso de los cigarrillos electrónicos, el consumo alcanzó a 2.6% de los adolescentes y a 1.5% de los adultos en el país.
Aunque algunos expertos señalan que los dispositivos de vapeo son menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, la preocupación de los legisladores reside en que los jóvenes puedan sentirse atraídos por el vapeo, en especial aquellos que de otra forma no considerarían fumar.
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Contexto de la reforma
La propuesta de prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores la envió en 2022 el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que con ella se responde a la creciente preocupación por los riesgos que esos productos pueden representar para la salud, en especial entre los sectores más jóvenes.
Con esta iniciativa, los diputados aseguran que protegen a las generaciones futuras de las consecuencias nocivas del tabaquismo y del uso de vapeadores, y presentan esa propuesta junto con el combate al tráfico de sustancias ilegales, como el fentanilo.
