La diputada Lorena Piñón Rivera, del PRI, solicitó aplicar un protocolo de seguridad electoral y protección a candidatos a las presidencias municipales en las demarcaciones donde haya riesgo de violencia. Asimismo, y con esa misma finalidad, pidió la intervención urgente de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El 1 de junio en Veracruz se efectuarán elecciones para renovar las 212 presidencias municipales.
Exige diputada del PRI, Lorena Piñón, se aplique en Veracruz protocolo de seguridad para las y los candidatos a elección del 1 de junio @GPPRIDiputados @lorenapignon_ https://t.co/E0Hv9nAEgI pic.twitter.com/DrSvVINGLr
— hojaderutamx (@hojaderutamexic) March 13, 2025
Propuesta de medidas de seguridad electoral
En conferencia de prensa, la legisladora explicó que el protocolo debe incluir un sistema de alerta temprana para identificar señales de violencia. Además, declaraciones amenazantes y movimientos inusuales de grupos criminales en zonas municipales.
Según Piñón Rivera, es necesario que una Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal supervise estas medidas. Propuso que esa comisión incluya a autoridades federales, estatales, municipales y representantes del OPLE Veracruz.
Seguridad reforzada en municipios de alto riesgo
Acompañada por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, Piñón Rivera detalló que los criterios para asignar protección a candidatos deben incluir:
- Mapeo de zonas de alto riesgo.
- Antecedentes de violencia política en el municipio.
- Historial de amenazas contra candidatos.
- Índices delictivos locales.
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Minimizar riesgos para la democracia
Asimismo, Piñón Rivera solicitó la asignación extraordinaria de la Guardia Nacional en municipios de alto riesgo durante todo el periodo de campaña. Esa presencia se prolongaría hasta la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos.
También pidió destinar recursos extraordinarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el propósito de fortalecer las medidas de protección.
A su vez, el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, presentó ante el OPLE una solicitud formal para instalar un mecanismo institucional de protección a candidatos en riesgo.
Piñón Rivera concluyó advirtiendo que la democracia en Veracruz está en peligro y que tanto el gobierno federal como el estatal deben demostrar su compromiso con la seguridad, protegiendo a quienes buscan servir desde los ayuntamientos y la función judicial.
