Por Mayté Mena
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expuso que las autoridades mexicanas están obligadas a investigar cualquier señalamiento relacionado con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, independientemente de su militancia partidista.
En una entrevista con medios en Saltillo, Coahuila, la legisladora panista sostuvo que las instituciones mexicanas deben atender con seriedad los recientes señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntas investigaciones contra personajes relacionados con el narcotráfico.
La soberanía como discurso
Consideró que la discusión sobre la soberanía nacional no puede limitarse al discurso político, sino que debe reflejarse en la capacidad del Estado para investigar, sancionar y combatir cualquier posible relación entre funcionarios públicos y grupos delictivos.
“Si de verdad queremos hablar de soberanía, debemos investigar y sancionar a los políticos ligados al narcotráfico, sin importar de qué partido sean”, asentó.
López Rabadán calificó de preocupante que existan señalamientos públicos sobre presuntas relaciones entre autoridades y organizaciones criminales sin que, hasta ahora, se conozcan resultados contundentes de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y ofrecer certeza a la ciudadanía.
En ese contexto, señaló que corresponde a las fiscalías actuar con independencia y profesionalismo para determinar responsabilidades cuando existan elementos suficientes.
La diputada panista advirtió que la falta de investigaciones efectivas genera desconfianza social y afecta la percepción ciudadana sobre las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y el Estado de derecho.
Afirmó que la protección o encubrimiento de posibles conductas ilícitas dentro de la esfera pública envía un mensaje negativo a la sociedad y debilita la confianza en el sistema democrático.
“La soberanía también significa tener instituciones que funcionen y que sean capaces de investigar y sancionar a quienes actúan fuera de la ley”, enfatizó.
Aunque reconoció que existen servidores públicos de todos los partidos que han construido una trayectoria de servicio y compromiso con la ciudadanía, dijo que aquéllos que eventualmente hayan establecido vínculos con organizaciones criminales deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Llamó a romper los ciclos de impunidad que, dijo, afectan la confianza ciudadana y limitan la capacidad del Estado para enfrentar uno de los principales desafíos del país: la infiltración del crimen organizado en espacios de poder público.
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