El retiro de la visa estadunidense a Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, abre una pregunta incómoda: ¿es también un mensaje de advertencia del gobierno de Donald Trump al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora, Claudia Sheinbaum?
Sheinbaum ha cuestionado la suficiencia de las pruebas presentadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y sostiene que cualquier procedimiento debe ajustarse a la legislación mexicana.
La postura de la mandataria ocurre mientras Washington endurece sus acciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
La detención de Ismael Zambada, “El Mayo”, en Estados Unidos, y la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, incrementaron la presión sobre las estructuras relacionadas con Los Chapitos.
En ese contexto, durante los últimos meses surgieron versiones sobre una posible ofensiva estadunidense contra figuras cercanas al expresidente López Obrador.
AMLO y Sheinbaum, bajo presión por las acusaciones contra Los Chapitos
Durante su mandato, López Obrador protagonizó diversos episodios públicos relacionados con integrantes de la familia Guzmán Loera, particularmente en Sinaloa.
Esos episodios han sido utilizados por sus adversarios para cuestionar su estrategia de seguridad y sus vínculos políticos en esa entidad.
Ahora, el episodio adquiere otra dimensión.
La noche del jueves 13 de agosto circuló una carta firmada por Andy, quien durante el sexenio de su padre ocupó un papel central en Morena y posteriormente asumió la Secretaría de Organización del partido.
En la misiva, difundida por redes sociales, informó al presidente Donald Trump que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau le retiraron la visa para ingresar a Estados Unidos.
Resulta llamativo que Andy se dirija directamente al presidente estadunidense, cuando funcionarios de la administración Trump han reiterado que irán contra personajes mexicanos presuntamente ligados a la delincuencia organizada, incluidos funcionarios y políticos.
López Beltrán sostiene que la decisión tiene un carácter “politiquero” y “propagandístico”. También niega que las autoridades estadunidenses cuenten con pruebas de algún acto inmoral o delictivo en su contra.
Hasta ahora, Washington no ha explicado públicamente las razones de la cancelación.
¿Sheinbaum, colusión o protección?
A finales de abril, Estados Unidos anunció cargos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes el Departamento de Justicia estadunidense acusa de delitos relacionados con narcotráfico, armas y una presunta colaboración con Los Chapitos.
Washington también presentó solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Sheinbaum ha sostenido que México necesita pruebas para actuar y ha cuestionado la suficiencia de la información proporcionada por Estados Unidos.
La postura de la mandataria ha sido interpretada por sus críticos como una defensa política de los funcionarios señalados.
La pregunta incómoda es otra: ¿hasta dónde llegará el gobierno mexicano para proteger a funcionarios acusados por Washington mientras no existan pruebas que puedan ser valoradas conforme a los procedimientos mexicanos?
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia estadunidense dio a conocer la acusación contra los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
Entre ellos figuraban Rocha Moya, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Washington los vinculó, mediante distintos cargos, con una estructura que habría permitido operaciones de narcotráfico de Los Chapitos.
Son acusaciones de la justicia estadunidense, no condenas judiciales.
Pero su existencia modificó el escenario político para el gobierno mexicano.
Mientras Sheinbaum exigía pruebas, dos acusados se entregaron
Mientras la presidenta defendía la necesidad de contar con pruebas, dos de los funcionarios señalados terminaron ante la justicia estadunidense.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se puso a disposición de las autoridades de Estados Unidos.
Un día después, Enrique Díaz Vega también compareció ante la justicia estadunidense.
Díaz se declaró no culpable de los cargos que le imputa el Departamento de Justicia, relacionados con presuntos sobornos y con facilitar operaciones de tráfico de drogas atribuidas a Los Chapitos.
La presidenta Sheinbaum dijo posteriormente que ambos habían decidido entregarse y que correspondía a las autoridades estadunidenses determinar su situación jurídica.
El episodio introdujo una variable incómoda para el gobierno mexicano: mientras desde Palacio Nacional se reclamaban pruebas contra funcionarios señalados, algunos de ellos optaban por enfrentar las acusaciones directamente ante la justicia estadunidense.
La mandataria, molesta por el retiro de visa a Durazo
El 3 de junio de 2026, Los Angeles Times y el Puente News Collaborative reportaron que Estados Unidos había revocado las visas de los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal.
La información también señaló que ambos eran objeto de investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Durazo y Villarreal rechazaron públicamente esas versiones y sostuvieron que sus visas permanecían vigentes.
La controversia volvió a mostrar la dificultad para conocer desde México el estatus real de una visa cuando Washington no hace públicos sus registros.
Ese día, Sheinbaum cuestionó la difusión de la información y mostró su molestia por la publicación.
“Qué intención con quitar la visa…, ¡y más hacerlo público!”, expresó durante su conferencia mañanera.
La presidenta añadió que, cuando alguien está tranquilo respecto de sus actos, debe existir certeza sobre lo que está haciendo y, al menos, derecho a la duda.
La reacción importa porque la cancelación de visas se ha convertido en una herramienta cada vez más visible dentro de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.
¿Advertencia para López Obrador y Sheinbaum?
El retiro de la visa a Andy ocurre después de una sucesión de acciones estadunidenses que han colocado bajo presión a funcionarios y políticos mexicanos.
En octubre de 2025, Reuters documentó que Estados Unidos había revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. Tres exembajadores estadunidenses señalaron que administraciones anteriores también habían utilizado esa facultad, pero no a esa escala.
La visa no constituye por sí misma una acusación penal. Pero su revocación tiene consecuencias políticas.
Para un funcionario mexicano significa perder, al menos temporalmente, la posibilidad de ingresar a Estados Unidos y puede afectar relaciones institucionales, económicas y políticas.
Cuando Washington tampoco explica públicamente las razones, la decisión adquiere una dimensión adicional: deja un espacio que rápidamente ocupan las especulaciones, los adversarios políticos y las interpretaciones de ambos gobiernos.
En el caso de Andy, el mensaje puede estar dirigido a él.
Pero también puede leerse como una advertencia al entorno político de López Obrador y al gobierno de Claudia Sheinbaum.
La pregunta de fondo es si Washington está utilizando las visas como una herramienta de presión frente a una clase política mexicana que considera insuficientemente dispuesta a colaborar contra las estructuras criminales.
La respuesta todavía no está escrita.
Pero la sucesión de casos —acusaciones penales, solicitudes de extradición, entregas ante la justicia estadunidense y revocaciones de visas— permite observar una etapa de presión creciente entre Washington y una parte de la clase política mexicana.
Y el retiro de la visa a Andy coloca esa presión directamente en el círculo político más cercano al expresidente López Obrador.
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