SCJN rechaza amparo de Google
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unanimidad rechaza amparo de Google para invalidar una regla que obliga a las empresas a entregar información en un máximo de 10 días cuando la autoridad antimonopolios la pide. La ley solo permite una prórroga de otros 10 días si el caso resulta muy complicado.
En consecuencia, Google deberá pagar una multa de 2 millones 300 mil pesos por no entregar a tiempo la información requerida en una investigación por presuntas prácticas monopólicas.
Los ministros consideraron que estos plazos son razonables y necesarios para que las investigaciones avancen rápido y protejan la competencia en el mercado. Si se permitieran extensiones ilimitadas, las investigaciones podrían durar demasiado tiempo y perder su objetivo.
De acuerdo con los ministros de la Corte, esta resolución beneficia directamente a los usuarios y al público en general porque facilita que las autoridades investiguen y sancionen más rápido las prácticas monopólicas.
Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. #LaCorteEnBreve pic.twitter.com/ySRgsS6bc2
— Suprema Corte (@SCJN) June 17, 2026
La SCJN informó que en el juicio de amparo, la empresa cuestionó la constitucionalidad del artículo 73, segundo párrafo, de la Ley Federal de Competencia Económica, que fija un plazo de 10 días para atender los requerimientos, prorrogable por una sola ocasión hasta por otros 10 días.
Google argumentó que el diseño resultaba rígido y desproporcionado frente a requerimientos de información de gran volumen. Al resolver, un juzgado de distrito consideró que la norma era constitucional, por lo que se interpuso un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte.
SCJN validó plazos y consideró constitucional la norma
El Máximo Tribunal estimó que dicho plazo se inserta en el cumplimiento al mandato del artículo 28 constitucional de investigar y sancionar prácticas monopólicas con eficacia, y que ofrece un plazo claro y conocido, con una prórroga condicionada a la complejidad del requerimiento, y por ello, la disposición se validó.
Además, consideró que los argumentos de la empresa, centrados en la magnitud del requerimiento específico que dio origen a la multa, no demostraban un vicio estructural de la norma general ni su incompatibilidad con la seguridad jurídica o la proporcionalidad.
Especialistas señalan que cuando las grandes empresas están impedidas a retrasar indefinidamente las investigaciones, es más probable que corrijan abusos como precios altos, menos opciones para elegir o condiciones injustas en servicios digitales.
Esto puede traducirse en más competencia, mejores precios, mayor innovación y servicios de mayor calidad. Por ejemplo, en pagos por apps o contenido digital, una competencia más sana podría significar comisiones más bajas para los desarrolladores y, eventualmente, precios más accesibles para los consumidores.
La decisión refuerza facultades de la autoridad antimonopolio
De acuerdo con especialistas, la decisión unánime de la SCJN al rechazar el amparo de Google y declarar constitucional el artículo 73 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) refuerza significativamente las facultades de la autoridad antimonopolio en las etapas de investigación, esto es, a la COFECE, hoy en transición hacia la Comisión Nacional Antimonopolio.
Los plazos establecidos reducen la posibilidad de demora por parte de las empresas investigadas, permitiendo a la autoridad recopilar evidencia de forma más rápida, acortar los tiempos de investigación y tomar decisiones con mayor oportunidad, especialmente en mercados digitales dinámicos donde las prácticas monopólicas pueden evolucionar rápidamente.
Precisaron que al validar la multa impuesta a Google, por no entregar a tiempo información en una investigación sobre apps y pagos digitales, se envía una señal clara: las grandes empresas tecnológicas no están exentas de cumplir con plazos cortos.
Esto eleva el riesgo de sanciones accesorias por obstrucción, con multas diarias o adicionales, lo que incentiva una colaboración más proactiva y reduce tácticas dilatorias comunes en casos de alto perfil.
SCJN prioriza interés público sobre cargas operativas de empresas
Google argumentaba probablemente que los plazos eran excesivamente cortos dada la complejidad y volumen de información en una compañía global. Los especialistas señalan que la SCJN priorizó el interés público de una competencia efectiva sobre las cargas operativas de las empresas, considerando que existe una prórroga y que la autoridad debe justificar sus requerimientos.
Señalan que esta resolución se alinea con las recientes reformas a la LFCE, que buscan agilizar procedimientos con reducción de plazos generales de investigación y resolución. Un sistema más expedito puede mejorar la disuasión de prácticas monopólicas.
Sin embargo, mencionan que la resolución también plantea retos como el riesgo de respuestas incompletas o de baja calidad si los plazos resultan demasiado ajustados, posibles impugnaciones futuras por violación a garantías de defensa adecuada, y mayor presión operativa sobre empresas con operaciones transfronterizas. Para empresas como Google, implica una mayor carga de cumplimiento normativo y menor margen de maniobra procesal, lo que podría traducirse en un entorno más estricto de escrutinio regulatorio en México para el sector digital.
El origen del caso: investigación de Cofece contra Google en 2022
Todo empezó en 2022 cuando la Cofece abrió una investigación contra Google. Se investigaba si la empresa tenía prácticas monopólicas en el mercado de pagos dentro de aplicaciones móviles y contenido digital.
En enero de 2025, la autoridad pidió información a Google. La empresa usó los 10 días permitidos y pidió una extensión, pero después solicitó más tiempo por el gran volumen de datos. La Cofece rechazó esa petición extra y le aplicó una multa de más de 2 millones de pesos.
Google argumentó que la ley es injusta porque los plazos son demasiado rígidos. Según la empresa, no toma en cuenta lo complicado ni la enorme cantidad de información que a veces se pide, especialmente en temas de tecnología y mercados digitales. Considera que estos plazos limitan su derecho a defenderse adecuadamente y violan principios como la seguridad jurídica. Pidió más tiempo, pero la autoridad lo negó.
Este amparo fue solo de Google, pero muchas otras empresas tecnológicas, bancos y corporativos pueden enfrentar situaciones parecidas.
Es común que pidan más tiempo cuando reciben solicitudes de información muy grandes de la autoridad antimonopolios. Cualquier compañía que reciba un requerimiento de información deberá respetar los plazos o enfrentar multas.
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