Por Ivonne Cárdenas y Saúl Santana
En su edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas constitucionales en materia de Poder Judicial y de causal de nulidad electoral por intervención o injerencia extranjera, así como la reforma legal en materia de integridad de candidaturas.
Los tres instrumentos, promulgados por la presidenta Claudia Sheinbaum y rubricados por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entran en vigor este miércoles 3 de junio.
Con ello, se formalizan los ajustes al sistema político mexicano desde la aprobación de la reforma judicial de 2024, al establecer nuevas reglas para la elección de personas juzgadoras, fortalecer los mecanismos de protección frente a la injerencia extranjera y crear filtros preventivos para la postulación de candidatos.
La elección judicial
El primero de los decretos consolida el modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros, definiendo que la elección judicial ordinaria se celebrará el primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con los procesos electorales que correspondan en el país.
La reforma establece además nuevas disposiciones para el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que operará con nueve integrantes y sesionar en dos secciones.
Asimismo, las reglas específicas para la integración de los Comités de Evaluación encargados de revisar los perfiles de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial, que no tengan antecedentes penales.
En materia electoral, el segundo decreto incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acredite «intervención extranjera» con influencia determinante en los resultados.
Sobre los financiamientos, los cambios al artículo 41 constitucional busca dotar de herramientas legales a las autoridades electorales para actuar frente a esquemas de financiamiento externo, campañas de desinformación, manipulación digital o cualquier mecanismo que comprometa la soberanía de los procesos democráticos mexicanos.
Con ello, justifica en su apartado, México se suma a una tendencia internacional orientada a blindar los sistemas electorales frente a fenómenos de injerencia cada vez más sofisticados, particularmente a través de plataformas digitales y redes de influencia transnacionales.
Candidaturas íntegras
El tercer decreto crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) una nueva instancia para revisar perfiles de aspirantes mediante la colaboración de organismos de procuración de justicia y supervisión financiera.
Señala que la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) participarán en la elaboración de análisis de riesgo que podrán ser entregados a los partidos políticos antes del registro de candidaturas.
Aunque las evaluaciones no tendrán carácter vinculante, la intención es generar mecanismos preventivos que dificulten la postulación de perfiles relacionados con actividades ilícitas o estructuras criminales.
Según el decreto, la nueva comisión quedará instalada antes del inicio del proceso electoral federal de 2027.
Con la entrada en vigor de estas reformas, México inicia la fase de implementación de un nuevo diseño institucional que modificará la forma en que se eligen jueces, se protege la integridad electoral y se evalúan las candidaturas.
Más allá del debate político que acompañó su aprobación, los cambios publicados este martes marcarán buena parte de la arquitectura democrática con la que México llegará a las elecciones de 2027 y 2028.
Lee: Kenia López advierte que una reforma judicial cosmética no sirve al país
