Bajo la premisa de que combatir la violencia contra las mujeres requiere no sólo endurecer los castigos, el Senado de la República abrió la discusión de la iniciativa presidencial de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio para garantizar que el Estado atienda la problemática de la misma manera en todo el país.
En la Mesa de Diálogo para el Análisis y Formulación de Propuestas sobre la iniciativa, especialistas, legisladoras, fiscalías, organizaciones civiles y organismos internacionales coincidieron en la necesidad de construir reglas comunes, fortalecer las instituciones y cerrar las brechas que permiten que la impunidad siga siendo uno de los principales obstáculos para la justicia.
Las cifras …
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, señaló que entre enero de 2015 y julio de 2026 se registraron más de 37 mil mujeres víctimas de muerte violenta, entre feminicidios y homicidios dolosos.
Indicó que esa cifra equivale, en promedio, a nueve mujeres que pierden la vida violentamente cada día durante ese periodo, aunado a que detrás de cada número, advirtió, hay familias afectadas y niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad.
«La muerte violenta de una mujer no es un homicidio«, por lo que estos hechos deben investigarse desde el primer momento bajo una perspectiva de género, acotó la ministra.
Homologación del delito y protocolos nacionales
Uno de los principales cambios planteados en la iniciativa presidencial consiste en homologar el delito de feminicidio en las 32 entidades federativas, debido a las diferencias que actualmente existen en la definición del tipo penal, las razones de género, las agravantes y las sanciones.
A su vez, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, explicó que la iniciativa pretende establecer un tipo penal sólido y criterios comunes para las fiscalías, además de protocolos nacionales homologados y capacitación especializada para ministerios públicos, policías y personal pericial.
Entre los puntos centrales, destacó que toda muerte violenta de una mujer se investigue inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, hasta que las pruebas permitan confirmar o descartar jurídicamente esa clasificación.
Registro de orfandad y responsabilidad de personas morales
La iniciativa contempla también la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el propósito de garantizar atención integral y acceso prioritario a servicios de salud, educación y programas sociales.
Gómez Saracíbar dijo que el proyecto reconoce a la familia social y plantea responsabilidades para personas morales cuando faciliten o incluso promuevan condiciones que contribuyan a la comisión de feminicidios.
Que la ley no se quede en el papel y la prevención como eje
Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, respaldó la construcción de un estándar nacional y señaló que el año pasado, 721 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras que otras dos mil 074 lo fueron de homicidio doloso.
El reto, apuntó, consiste en garantizar que cada muerte violenta se investigue con perspectiva de género y que la nueva legislación se traduzca en una protección efectiva, no solamente en nuevas disposiciones jurídicas.
La fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, Maribel Borjorges Beltrán, dijo que el feminicidio representa la expresión extrema de una violencia estructural que, en muchos casos, está precedida por amenazas, agresiones, discriminación, relaciones de poder y omisiones institucionales.
Por ello, la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) planteó que la responsabilidad del Estado debe comenzar mucho antes del asesinato, mediante prevención, detección de riesgos y protección oportuna de las víctimas.
Más penas no necesariamente es más justicia
Uno de los matices más relevantes de la discusión surge desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se pidió revisar con cuidado el énfasis en el incremento de penas.
Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Feminicidio, informó que en 2025 y lo que va de 2026, la Fiscalía capitalina alcanzó una tasa acumulada de judicialización de 95.6% en casos de feminicidio.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, coincidió en que uno de los principales retos será superar la fragmentación normativa.
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