La reforma abre un debate sobre ciudadanía y poder
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de México aprobaron por 23 votos contra nueve la reforma que plantea establecer la nacionalidad mexicana exclusiva para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen tuvo el respaldo por Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y ahora deberá discutirla por el Pleno del Senado.
Qué cambiaría con la reforma de nacionalidad mexicana exclusiva
La propuesta no modifica de manera general el régimen de doble nacionalidad, sino que plantea que quienes aspiren a esos tres cargos no tengan otra nacionalidad y, si la poseen, renuncien a ella conforme a los requisitos previstos en la reforma.
El dictamen establece así una condición específica para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal, estatales y de la Ciudad de México. La restricción no se extiende a quienes aspiren al Congreso de la Unión ni a las legislaturas locales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca precisar el alcance de las disposiciones constitucionales sobre nacionalidad y elegibilidad, en particular su relación con el régimen establecido en el artículo 32.
El dictamen plantea restricciones para quien ejerza la Presidencia
Además del requisito para acceder al cargo, la reforma plantea restricciones para quien ejerza la Presidencia de la República.
Entre ellas, el dictamen contempla no adquirir ni solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro país.
La propuesta busca establecer un vínculo jurídico y político exclusivo con México para quienes ejerzan los cargos incluidos en la reforma. Morena y sus aliados defendieron esta condición como una medida vinculada con la soberanía nacional y el vínculo constitucional de quienes encabecen los poderes ejecutivos.
Oposición cuestiona el impacto en mexicanos con doble nacionalidad
Los grupos parlamentarios de PAN, PRI y MC votaron contra el dictamen y cuestionaron sus efectos sobre mexicanos que cuentan con otra nacionalidad, particularmente quienes mantienen vínculos con comunidades mexicanas en el extranjero.
El senador Marko Cortés sostuvo que la propuesta representa una regresión en materia de derechos políticos y cuestionó su impacto en mexicanos que adquirieron otra nacionalidad o cuyos hijos nacieron en Estados Unidos.
Durante el debate también se plantearon objeciones sobre la rapidez del procedimiento legislativo y sobre la necesidad de distinguir entre la nacionalidad de una persona y los requisitos para ejercer la representación del Estado.
Las críticas de la oposición ya habían sido expresadas durante la discusión de la minuta en la Cámara de Diputados, donde sus legisladores advirtieron sobre posibles efectos en los derechos políticos de mexicanos residentes en el extranjero con doble nacionalidad.
Morena defiende por soberanía la nacionalidad mexicana exclusiva
Morena, PT y PVEM defendieron la reforma con el argumento de que quienes ejerzan los principales cargos ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
Durante la discusión legislativa, los integrantes del bloque mayoritario sostuvieron que la doble nacionalidad puede mantenerse para la vida personal, pero que el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo requiere una sola nacionalidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha defendido que una persona puede conservar la doble nacionalidad, pero que quienes pretendan representar al Estado mexicano deben contar únicamente con la nacionalidad mexicana.
El dictamen pasa al Pleno del Senado
Con la aprobación en comisiones, el dictamen se remitió a la Mesa Directiva del Senado para continuar su trámite y se someterá a consideración del Pleno. El proyecto podría discutirse el próximo martes.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Senado y posteriormente continuar el procedimiento previsto para las reformas constitucionales.
El régimen transitorio plantea que las nuevas reglas sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y establece que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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