El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo para fortalecer la prevención de la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en establecimientos y servicios turísticos.
La modificación establece nuevas obligaciones para hoteles, moteles, alojamientos, transportes y otros prestadores de servicios turísticos, quienes deberán implementar protocolos y acciones preventivas para detectar posibles situaciones de riesgo.
¿En qué consisten los cambios?
Uno de los principales cambios consiste en que, cuando una persona adulta pretenda utilizar un servicio turístico acompañada de una niña, niño o adolescente, deberá acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
En caso de no acreditar ese vínculo, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades ante la posible comisión de un delito.
Durante la discusión del dictamen, legisladoras de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la protección de la infancia requiere mecanismos de prevención y no únicamente acciones posteriores a la comisión de un delito.
La senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, destacó que las nuevas disposiciones buscan que la protección de la niñez no dependa únicamente de la voluntad individual de los prestadores, sino de reglas y responsabilidades establecidas en la legislación.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que el crecimiento de la actividad turística también representa retos para la protección de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con las cifras que la senadora presentó ante el Pleno, México recibió casi 48 millones de turistas extranjeros en 2025 y, entre enero y julio de 2026, la cifra se aproximó a 29 millones.
La legisladora también citó estimaciones de entre 17 mil y 20 mil niñas, niños y adolescentes vinculados con redes de explotación sexual.
La postura de la oposición
Por su parte, la senadora panista Laura Esquivel sostuvo que los establecimientos turísticos no pueden determinar si una persona es potencialmente agresora por su apariencia, pero sí pueden verificar la relación jurídica que existe entre un adulto y el menor que lo acompaña.
Desde el PRI, Carolina Viggiano advirtió que las situaciones de riesgo pueden presentarse no sólo en hoteles, sino también en rentas vacacionales, servicios de transporte y plataformas digitales.
Consideró necesario acompañar la reforma con capacitación obligatoria para el personal del sector turístico, coordinación entre las Procuradurías de Protección y las fiscalías, así como recursos para atender a las víctimas y fortalecer a las instituciones responsables de la protección de la infancia.
También señaló que factores como la pobreza, la violencia, la deserción escolar, la migración y la falta de espacios seguros pueden incrementar la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.
Con la reforma, el sector turístico deberá participar de manera más activa en la detección y reporte de posibles situaciones de riesgo, bajo el principio del interés superior de la niñez.
El Senado remitió el decreto ya aprobado por Diputados a la titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma forma parte de una discusión legislativa que comenzó previamente en las comisiones del Senado, donde ya se había planteado incorporar protocolos y medidas preventivas para que los prestadores turísticos pudieran detectar posibles delitos contra menores.
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