El proceso electoral federal 2027 y la elección judicial del 2028 exigen instituciones preparadas, criterios claros y capacidad para atender los conflictos, consideró el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz.
Una justicia electoral, añadió, debe contar con más herramientas, con más diálogo y, sobre todo, con más capacidad para proteger los derechos, sin perder nunca la certeza institucional.
Durante la inauguración del Evento Respuestas Internacionales para las Comunidades Indígenas, Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias, en donde estuvo presente entre otros, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, Bátiz García enfatizó que la justicia electoral debe actuar siempre con firmeza constitucional y, sobre todo, con sensibilidad intercultural.
“Se debe garantizar que la pluralidad no sea solo reconocida en la Constitución, sino que sea vivida plenamente en el acceso a la justicia y en el desarrollo de las actividades diarias”, añadió el juzgador electoral.
En 2027, nuestro país renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales, entre otros, y en el 2028 se elegirá el total de las personas juzgadoras, toda vez que 881 cargos federales (50%) entre ministros, magistraturas y jueces, los eligieron el 1 de junio del 2025 mediante voto popular.
¿Cómo lograr que la justicia llegue a los pueblos indígenas?
En su participación, Gilberto Bátiz resaltó que, si bien el derecho internacional ha construido un marco sólido en el derecho y acceso a la justicia de las comunidades indígenas, lo cierto es que los derechos no solo deben estar escritos, sino que deben ser escuchados, comprendidos y, sobre todo, ejercidos.
Acceder a la justicia, anotó, no es únicamente llegar a un tribunal, sino encontrar a un juez capaz de comprender lengua, cultura, formas comunitarias de resolver dichas diferencias.
Democracia no se vive igual en todo el país
Gilberto Bátiz indicó que la democracia no se vive igual en todos los territorios, porque hay comunidades donde una controversia electoral no solo involucra a las candidaturas o a los cargos, resultados dados por el ejercicio de aquella elección.
“Una elección puede trastocar equilibrios comunitarios, formas tradicionales de autoridad, asamblea, participación de mujeres, derechos colectivos, identidad y, sobre todo, la memoria misma de ese espacio”, añadió.
Por ello, remarcó, “la justicia electoral debe actuar siempre con firmeza constitucional y, sobre todo, con sensibilidad intercultural”.
