Ciudad de México, 14 ago. (AMEXI).- Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la validez de los comicios electorales del pasado 2 de junio donde ganó Claudia Sheinbaum Pardo, como la primera presidenta electa de México para el periodo 2024-2030.
Durante la sesión de este miércoles, las y los magistrados también aprobaron el cómputo final de la elección presidencial, en el que Claudia Sheinbaum, quien fue postulada por Morena, PT y PVEM, obtuvo el 59.7% de la votación, con 35 millones 924 mil 519 de sufragios.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso aseguró que las elecciones del pasado 2 de junio son el proceso electoral más inclusivo y más paritario en la memoria de nuestro país.
Añadió que estos comicios representan la principal fuente de grandeza y la construcción de un engranaje democrático fuerte, en el que la ciudadanía, las instituciones, las y los actores políticos han experimentado una cultura democrática regida por los valores de igualdad, libertad, participación, pluralismo político, respeto a las minorías e impulso de las acciones afirmativas.
Así como con apego a la transparencia, responsabilidad, diálogo, consenso político, tolerancia y justicia.
Durante la sesión, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, dijo que la elección fue “libre y auténtica lo que es esencial para asegurar que las y los líderes electos cuenten con el respaldo legítimo del electorado y puedan gobernar con la autoridad que les confiere la voluntad popular”.
La magistrada Claudia Valle Aguilasocho mencionó que la validación de la elección presidencial por un Tribunal Constitucional es “una garantía de la democracia, lo es para el país, lo es para quienes se presentaron a las elecciones y en especial para quienes con su voto definen los resultados”.
Finalmente, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, consideró que “a pesar de que la elección de la primera Presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado”.
